Lo que haga falta, sin condiciones

La destrucción provocada por la DANA va a requerir mucha ayuda por parte de las administraciones y así parecen haberlo entendido. Porque no se trata tan solo de paliar los innumerables daños que han sufrido las infraestructuras y las propiedades privadas, lo que incluye hogares, vehículos e instalaciones destinadas a actividades económicas, sino también tratar de minimizar los perjuicios de aquellas personas que van a tener dificultades para desarrollar con normalidad su actividad laboral. No en vano, se estima que hay más 34.000 empresas ubicadas en los municipios más afectados por las inundaciones y que son miles los autónomos afectados. Por ello tanto, el Gobierno autonómico como el Gobierno central ya han puesto en marcha medidas para aliviar la situación que deberían empezar a implementarse en los próximos días.

El primero en hacerlo, avanzándose al Ejecutivo central, fue el autonómico en un pleno extraordinario celebrado el lunes tras el cual el presidente, Carlos Mazón, anunció un primer paquete de ayudas a los afectados que incluye ayudas directas a los ciudadanos de hasta 6.000 euros para las familias cuyas casas se han visto dañadas, y a los ayuntamientos, de hasta 200.000 euros para afrontar los gastos extraordinarios a los que están teniendo que hacer frente y que deberían empezarse a recibir esta semana. Todo ello, por valor de 245 millones de euros, un monto muy alejado de los más de 31.000 millones que el Ejecutivo autonómico reclama al Gobierno central, que es el coste que tendrían las 136 medidas que reivindica. Una cifra muy elevada, teniendo en cuenta que supera el presupuesto anual de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el Gobierno central ha declarado los territorios afectados por la DANA como zonas catastróficas, lo que facilita la aprobación de medidas de ayuda extraordinarias dirigidas a hogares, empresas y trabajadores autónomos. En el ámbito personal, destacan las ayudas directas no sujetas a nivel de renta de entre 20.000 y 60.000 euros para reparar viviendas, hasta 10.300 euros para reponer mobiliario u otras para recuperar coches; el incremento temporal de las pensiones no contributivas o del Ingreso Mínimo Vital; así como la posibilidad de una indemnización de 72.000 euros, en caso de incapacidad o de solicitar una incapacidad temporal extraordinaria. En el ámbito empresarial, las ayudas directas oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros atendiendo a las características de las empresas, al tiempo que se dan facilidades para que prioricen el teletrabajo y recurran a ertes y a exenciones del IBI o del IAE. En cuanto a los autónomos, podrán solicitar una transferencia directa de hasta 5.000 euros y se les facilita el acceso a prestaciones por cese de actividad. En total, medidas por valor de 10.600 millones de euros, la mitad de ellos para una línea de avales. 

Teniendo en cuenta los fallos de coordinación inicial en la gestión de la DANA, en la reconstrucción urge un momento Draghi, es decir, que se haga todo lo que haga falta para que en las zonas afectadas sus ciudadanos recuperen la normalidad. Y que todas las administraciones lo hagan con unidad, sin declinar responsabilidades y sin tacticismos, como el hacer depender las ayudas de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. O el de exigir desembolsos difíciles de encajar, sin ajustar para ello las cuentas del año próximo.