Lecciones para el futuro

Han pasado cuatro días desde que la lluvia torrencial anegara buena parte de la provincia de Valencia, dejando tras de sí un rastro de muerte y devastación. Los fallecidos superan ya los dos centenares cuando se supone que aún muchos cadáveres no han podido ser rescatados de bajos y garajes inundados y de entre los restos de los vehículos hundidos entre el agua y el lodo. Miles de personas, además, lo han perdido todo, solo les queda lo puesto y aún no tienen ni agua potable para beber. Las casas y las infraestructuras han quedado destrozadas. Una tragedia pavorosa en el pleno sentido de la expresión. El general Fernando Carrillo, al mando de la Unidad Militar de Emergencias, asegura que en 36 años de servicio no había visto un panorama tan desolador. De hecho, los equipos de emergencia se están viendo desbordados, no tanto porque sean insuficientes, que también, como por la propia magnitud de lo acaecido.

Ahora, es la hora, ya se ha dicho, de velar y enterrar a los muertos. El momento de realojar a quienes han perdido sus casas. El tiempo de la solidaridad con todos los valencianos. La ocasión para emprender la reconstrucción de lo dañado y de hacerlo con nuevos criterios. Y no, esta no es la ocasión para que la clase política trate de sacar partido a lo ocurrido, en un cruce de acusaciones mezquino y sin sentido. Cuando los ciudadanos afectados, sus convecinos y toda la población española está conmocionada por la catástrofe y por la sensación de impotencia que la acompaña, no caben declaraciones fuera de tono intentando atribuir al otro la responsabilidad de lo que se está viviendo. Esa actitud solo abona el populismo y la antipolítica, en un momento en el que lo que cabe resaltar, más allá de la solidaridad ciudadana, es la importancia de tener estructuras públicas capaces de responder con rapidez y eficacia a estas emergencias y protocolos que permitan reaccionar con más celeridad de la habida en esta ocasión. Porque esta vez han quedado en evidencia.

Pasado el duelo, o tal vez ya, hay que analizar qué ha pasado y por qué. Es necesario hacerlo para revisar cómo se ha actuado desde que se produjo la alerta climatológica de la Aemet hasta el momento actual, en el que aún muchas personas siguen atrapadas en sus viviendas sin agua, luz y teléfono, en una situación impropia de un país desarrollado. Hay que estudiar cuál fue desde el primer momento la actuación de los dispositivos de emergencias, para aprender de lo que no se hizo bien y también para que se asuman las responsabilidades correspondientes. Habrá también que revisar, como no se llegó a conseguir durante y tras la pandemia, cómo regular las situaciones de emergencia haciendo que la estructura descentralizada del Estado sea un acicate para la cooperación y no un freno para la eficacia. En casos de tanta gravedad, no importa quién lanza una alerta o de dónde vienen los servicios de auxilio a la población. Lo importante es que alerta y ayuda lleguen.

Tras la catástrofe y la conmoción posterior, ha habido tanto ejercicios de irresponsabilidad política como de responsabilidad colectiva. Cabría pedir que sean los segundos el modelo a seguir, y no lo primeros. Que quienes tengan responsabilidades ahora o en el futuro ante situaciones como estas piensen solo en cómo proteger a la ciudadanía. Esas son algunas de las lecciones para el futuro que deberían aprenderse de esta tragedia.