El auge del cannabis

Uno de los problemas de fondo de la marihuana es que sigue considerándose una droga blanda, tanto en la comprensión popular como en la propia legislación, que, en el Código Penal, la distingue de otras sustancias porque considera que «no causa daños graves para la salud». Es evidente que hay otras drogas con un potencial más mortífero, pero los efectos del consumo de cannabis derivan en múltiples afecciones, como las consecuencias psicológicas, que no pueden ser soslayadas de ningún modo. Tanto esta percepción como la facilidad con que puede estructurarse un cultivo o un laboratorio o la generación de un beneficio inmediato, convierten a las plantaciones, la distribución y la venta ilegal de marihuana en uno de los problemas más serios a los que nos enfrentamos, según las apreciaciones del Pla General de Seguretat de Catalunya. El fenómeno está creciendo al mismo tiempo que se multiplican los actos delictivos relacionados con el entorno criminal, más aún si tenemos en cuenta que se han incrementado las explotaciones en interiores (en casas aisladas o adosadas y en pisos) en detrimento de las hasta ahora habituales, situadas en exteriores o en naves industriales. 

Desde hace unos ocho años, Catalunya ha pasado de ser un territorio de tránsito del cannabis hacia Europa a convertirse en una de las zonas con más productividad, con una notable expansión del tráfico, especialmente en manos de mafias. Las razones son diversas y una de las más destacadas es el gran margen de negocio, puesto que, según los Mossos, una instalación de unos 50 metros cuadrados, con una inversión de 70.000 euros, puede llegar a significar en un año unas ganancias del 600%. Influyen otros factores, por supuesto, como el aumento de la demanda interna, la laxitud de la legislación española en relación a otros países europeos (no solo en cuanto al narcotráfico sino también a la utilización fraudulenta de la red eléctrica) o la facilidad del acceso a la distribución continental desde Catalunya.  

No se trata solamente del auge de organizaciones criminales, con sus consecuentes disputas territoriales y una violencia asociada que incluso se traduce en el uso de armas de fuego. Y la cuestión tampoco se ciñe solamente al propio deterioro de la salud física y mental (con la aparición de productos como galletas, chocolatinas o gominolas con cannabis, de efectos retardados y más peligrosos), sino que también existe el riesgo implícito de incendios (45 en 2023), relacionados con el elevado consumo energético de las plantaciones domésticas. Tanto en lo que se refiere a su localización en pisos arrendados como a la modernización de las técnicas de cultivo, la sofisticación criminal de las redes delictivas es cada día más alta, lo cual se traduce en más dificultades para la policía en su lucha contra conglomerados altamente especializados en el fraude y la criminalidad. Si añadimos a todo ello que el riesgo que corren, con penas que no son disuasorias, es menor en comparación con otras drogas, nos hallamos ante una tormenta perfecta. Parte de la solución, además de incrementar la presión policial y jurídica, pasa, según muchos expertos, por encauzar de una vez el debate sobre una hipotética legalización de la marihuana, al mismo tiempo que se endurecen las penas para todo el entramado de producción y tráfico ilegal.