Una ocasión perdida

El PSOE ha pactado con Junts per Catalunya y con el PNV la conversión del actual gravamen extraordinario sobre la banca en un impuesto que se aplicará a los ejercicios del trienio 2024-2026. En cambio ha bloqueado (facilitando que el PNV, como es habitual, haya ha logrado de forma más discreta todos los objetivos que convenían a los intereses de la hacienda vasca y de empresas con las que mantiene especiales vínculos) la prórroga del gravamen que se aplica a las empresas energéticas y que por lo tanto debería caducar el 31 de diciembre. El acuerdo se enmarca en un pacto más amplio que incluye diversas medidas fiscales para las pequeñas empresas.  

Tanto el impuesto a la banca como el impuesto a las empresas energéticas fueron concebidos inicialmente como medidas transitorias destinadas a incrementar la recaudación en un contexto de crisis pospandemia y de elevada inflación aprovechando el incremento de beneficios del sector bancario y energético a causa de la subida de los tipos de interés y de los precios de la energía, unas medidas el Gobierno quería mantener aunque su concepción (sobre ingresos y no sobre beneficios) era más que discutible. Tras el pacto con los grupos nacionalistas, el impuesto a la banca se mantendrá a pesar de la oposición del propio sector y de las patronales, que ya han alertado del impacto que ello podría tener, por ejemplo en la obra social de la Fundación La Caixa, mientras que el impuesto a las energéticas decaerá, en parte por la sensibilidad mostrada por Junts a la posibilidad de que Repsol deslocalizase a Portugal millonarias inversiones verdes previstas en Tarragona, tal y como apuntó su presidente Josu Jon Imaz, quien fuera presidente del PNV. 

En esta negociación, y menos de una semana después de un congreso en el que Junts se conjuró para recuperar la centralidad política, se demuestra que el partido no ha acabado de recuperar el espíritu de la vieja Convergència, ni siquiera de renovarlo en función de los nuevos tiempos. Algo de eso hay en la defensa de las inversiones territoriales (un papel que al fin y al cabo también juegan en sus respectivos ámbitos particulares desde Coalición Canaria a Compromís) y de la pequeña y mediana empresa y de los trabajadores autónomos. Pero también resuena aún mucho del Junts de otoño de 2017, el de la DUI que desencadenó la huida de sedes sociales de las grandes empresas catalanas, en su falta de receptividad a las aspiraciones, por ejemplo, de Foment y Caixabank. Podría sospecharse que tras la proclamación de querer asumir la «nueva etapa política» en la que estamos, alguien sigue anclado en algunos prejuicios y en determinados resentimientos y sigue sin superar algunos de los traumas del pasado.

Caixabank, y en consecuencia la Fundació La Caixa y su obra social, serán, junto al Sabadell, dos de las corporaciones más afectadas por el nuevo gravamen a la banca, hasta el punto de que su consejero delegado, Gonzalo Cortázar lo ha definido como la «tasa Caixabank». 

Junts ha perdido una oportunidad para erigirse en el representante en Madrid de los intereses de la economía catalana real y parece seguir limitado en una mirada excesivamente limitada y cortoplacista.