La bomba retardada del amianto

Badia del Vallès empezará en 2025 los trabajos necesarios para convertirse en el primer municipio que eliminará de forma integral los elementos que contienen amianto en sus edificios, el fibrocemento utilizado abundantemente hasta los años 70. Una operación que obligará a proteger a los trabajadores que participen en la retirada y a los propios vecinos, encapsulando los edificios y que será posible tras una subvención especial de 4,5 millones de euros aprobada en 2021 por la Generalitat. Esta excepcionalidad se debe a la particularidad de que Badia fue construida utilizando de forma masiva el fibrocemento en fachadas, bajantes, salidas de humo y techos de 4.156 de sus 5.372 viviendas. Esta semana, EL PERIÓDICO ha difundido un documental en dos capítulos explicando qué supone para los vecinos vivir sabiendo que actividades como airear la casa, tender la ropa o jugar con los niños en el parque pueden aumentar su riesgo de contraer diversos tipos de cánceres o enfermedades pulmonares al cabo de décadas de la exposición. El fibrocemento pasa a ser un riesgo a largo plazo, pero potencialmente mortal, si se rompe o manipula, o si llega al final de su vida útil (30 a 50 años) y se degrada, situación que se cierne como una cuenta atrás en Badia.

Ese material no fue utilizado solo en la construcción: también estuvieron expuestos a su peligro, cuando este ya se conocía, operarios de talleres donde se utilizaba como material aislante, o aún más los trabajadores de la principal empresa que lo producía, sus familiares y sus vecinos. En el entorno (Cerdanyola y Ripollet) de la fábrica de Uralita, que estuvo activa de 1907 a 1997, la incidencia de las enfermedades vinculadas al amianto multiplican con mucho la de la población general.

Tras la prohibición de la fabricación, uso y comercialización del fibrocemento, que en España entró en vigor en 2002, la Unión Europea fijó el objetivo de eliminar estos materiales en los edificios públicos en 2028 y su erradicación total en 2034. Algo que no será fácil: solo en Catalunya la Generalitat ha censado 122.460 techos con fibrocemento y calcula que se utilizaron unos cuatro millones de toneladas. Este reto añade nuevos riesgos: los derivados de la manipulación y tratamiento como residuo peligroso. Este es uno de los aspectos que contempla el plan de eliminación aprobado en Catalunya con la intención de cumplir los plazos de la UE, pero que aún requiere la aprobación de un proyecto de ley que está en manos del Parlament y que debería ser una de las prioridades de esta legislatura. 

Aún más alarmante es lo que está sucediendo con el fondo de compensación para las víctimas, cuya creación aprobó el Gobierno español en 2022, ante la evidencia de que los afectados (y sus herederos, dada la alta mortalidad de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto), convertidos en acreedores de los procesos primero concursal y después de liquidación de la empresa sucesora de la fabricante Uralita, difícilmente iban a cobrar las indemnizaciones que la justicia ha ido dictando. Dos años después, el Congreso aún instaba el pasado septiembre al Gobierno a aprobar el reglamento que permita abonar indemnizaciones a cargo de la Seguridad Social. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elsa Saiz, ha declarado en diversas ocasiones que esta es una prioridad para su departamento. Pero el retraso acumulado no lo demuestra.