Un impuesto que pone a prueba a Junts

El plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley para crear un impuesto mínimo global para los grupos multinacionales termina hoy. Y con él, la oportunidad de incorporarle una minireforma fiscal más amplia, en la que incluir la conversión del actual gravamen extraordinario a las empresas energéticas y bancarias en un impuesto permanente. Aunque existen otras vías para hacer realidad la intención del Gobierno -y exigencia de los socios a la izquierda del PSOE-, esta sería la que garantizaría que el impuesto entrase en vigor a tiempo de sustituir la prestación impositiva que caducará a final de año, tras permitir a Hacienda recaudar 2.859 millones de euros en 2024. Una aportación que se sigue considerando necesaria para hacer viable el compromiso de reducir en 40.000 millones el déficit público hasta 2031, sin recortes de gasto ni una mayor presión sobre las rentas del trabajo de los sectores que más han sufrido la pérdida de poder adquisitivo.  

Ante esta eventualidad, la movilización de las organizaciones empresariales, sectoriales o territoriales, ha sido general. Más allá del argumento de que han desaparecido los motivos que sirvieron para establecer esta prestación extraordinaria (el incremento de sus beneficios por el aumento de los tipos de interés y la factura energética, y la necesidad de ingresos para hacer frente a la crisis alimentada por el covid y la guerra de Ucrania), las empresas afectadas sostienen que este gravamen permanente pondría en peligro 16.000 millones de euros en inversiones energéticas y reduciría la capacidad de dar créditos por valor de 50.000 millones de euros; más otros efectos colaterales, aducidos por la patronal Foment, como la erosión de los ingresos con los que la La Caixa financia su obra social.

Este contexto ha puesto a Junts ante la oportunidad de volver a ejercer el papel que en su día CiU jugó (y el PNV no ha dejado de asumir nunca) como representante en Madrid de los intereses del empresariado y alternativa moderadora a disposición de los gobiernos de turno. Y también lo sitúa en la tesitura de poder encontrar, de nuevo, un terreno común con el Partido Popular. Los discursos pronunciados en el congreso de Junts de este pasado fin de semana sobre el regreso a la «centralidad» pueden tener mayor o menor credibilidad. Pero suscribir una sola enmienda legislativa en un sentido u otro medirá hasta qué punto la «nueva etapa política» anunciada deja atrás los coqueteos antisistema en los que se apuntaba al Ibex-35 o convierte de nuevo a Junts en un interlocutor fiable y necesario, incluso para las empresas que trasladaron su sede social.

Este episodio pone también a Junts ante el brete de ir más allá de la dinámica binaria de tumbar de forma ostentórea o facilitar iniciativas del Gobierno al margen de cuál sea su contenido, a cambio de concesiones en materia de autogobierno o garantías judiciales para los líderes del 'procés'. Porque si de lo que se trata es de conseguir que la recaudación fiscal sea compatible con el progreso de la economía y que estimule las inversiones necesarias para la transformación del modelo energético en lugar de disuadirlas, deberá regresar también la habilidad en la negociación que durante mucho tiempo dominó un grupo parlamentario más ducho en saber afinar la letra pequeña que en proclamar vetos o celebrar concesiones.