Vivienda: ¿confrontación o política de Estado?

A la hora de abordar el problema de la vivienda parece que en lo único que hay consenso entre el Gobierno y el PP es en que se trata de una de las cuestiones más acuciantes a las que se enfrenta en este momento la sociedad española y al que se debería dar respuesta desde la política. No es un asunto privativo de España, lo sufren prácticamente todos los países de nuestro entorno. Pero aquí ha saltado a la primera línea de las preocupaciones ciudadanas, en especial de las de los jóvenes, que no consiguen un lugar asequible para iniciar una vida independiente. No hay, sin embargo, acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición sobre cómo afrontarlo. Se ha convertido, por el contrario, en un elemento más para la confrontación cuando debería entenderse como una política de Estado. 

Si el propio Ministerio de Vivienda considera que en España se necesitan entre 600.000 y un millón de nuevos hogares para dar respuesta a la creciente demanda, es obvio que es imprescindible invertir dinero público y facilitar las condiciones para que también lo haga el capital privado, en la construcción, y conseguir además que, al menos, una parte significativa de los pisos vayan destinados al alquiler asequible. Esta es una de las medidas que va a recoger el plan que presentará la próxima semana el president de la Generalitat, Salvador Illa. Pero edificar ese número de viviendas no solo requiere presupuestos adecuados. También de mucho tiempo para construirlas. Y la sociedad demanda soluciones efectivas y rápidas.

Hasta ahora, las medidas que se han adoptado con apariencia de efectividad y rapidez solo han servido para generar polémica. La que el Gobierno incluyó el año pasado en la ley del Suelo para limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas únicamente se ha aplicado en Catalunya y empieza ahora a ejecutarse en algunas zonas del País Vasco. El resto de las comunidades, en particular las que gobiernan los populares, han alegado que la decisión de declarar áreas tensionadas es potestad autonómica. Aunque su negativa encierra un claro desacuerdo ideológico, tampoco las otras comunidades que gobierna el PSOE la han aplicado. Es difícil saberlo si no se pone en práctica, pero también lo es tras varios meses de experiencia en Catalunya. Aunque la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sostiene que topar los precios abarataría los alquileres en un 5% en esas zonas y la Generalitat asegura que en Catalunya el pago por alquiler ha caído en ese porcentaje en los dos primeros trimestres de 2024, no concuerdan esos datos con los ofrecidos por las plataformas inmobiliarias e incluso el gobernador del Banco de España y exministro, José Luis Escrivá, duda de que exista prueba empírica de ello. 

Buscar soluciones para problemas que frenan la emancipación juvenil es obligación de los gobernantes estatales, autonómicos y locales, que tienen competencias en esta materia. Medidas que resuelvan, no estériles anuncios que acaben quedando en mera cosmética. Y no ayudan a ello amenazas como las de la ministra de castigar sin fondos a las comunidades que no aplican la ley estatal. Se podría plantear que de existir presupuesto dirigido a determinadas políticas se debería repartir entre aquellas autonomías que las ejecutan, pero sin caer en pueriles chantajes que no producen beneficio alguno, ni a la sociedad en su conjunto ni a quienes precisan de esas viviendas y que mucho menos contribuyen al imprescindible acuerdo político.