Sin jueces y sin rapidez no hay justicia

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Catalunya es la penúltima comunidad autónoma en número de jueces en activo por cada 100.000 habitantes, quedando solo por delante de Castilla-La Mancha. De hecho, existe una diferencia de 5,7 jueces respecto a los 15,4 de los que goza Asturias, la comunidad más aventajada, situándose así muy por debajo de la media española, que ronda los 11 jueces por 100.000, y todavía más de la media europea, que prácticamente dobla esa cantidad. A esta deficiencia hay que añadir, además, la existencia de 80 vacantes, según datos del año pasado, debidas a la elevada movilidad que suele darse en la carrera judicial, especialmente en una comunidad como Catalunya y que la parálisis hasta hace poco en la renovación de los miembros del CGPJ ha contribuido a cronificar, aunque ahora esa situación debería resolverse. Y, por si ello fuera poco, en los últimos años se ha producido, tanto en Catalunya como en el conjunto de España, un incremento en el nivel de litigiosidad, algo que, si bien podría interpretarse como un indicador de confianza en la justicia, un estudio reciente lo ha atribuido más bien a la falta de previsibilidad de las resoluciones judiciales. 

Todo ello ha comportado un incremento de la carga de trabajo en los juzgados y una situación de permanente colapso en muchos de ellos, que retrasa mucho las resoluciones judiciales, y esta es una circunstancia que amenaza un derecho básico de los ciudadanos, como es la obtención de justicia un tiempo prudencial. Por ello, las demandas para aumentar el número de jueces han sido constantes, pero siempre hasta ahora han caído en saco roto. De hecho, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha cifrado en 119 el número de nuevas plazas de jueces necesarias para revertir la situación y garantizar el buen funcionamiento de la justicia, pero la asunción de lo dificultoso que resulta satisfacer dicha expectativa ha llevado a adoptar una posición más posibilista que se ha concretado en la petición de 55 nuevos jueces, 25 de los cuales estarían destinados a la provincia de Barcelona, y 14 plazas de magistrado en las audiencias provinciales y en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Mientras, la jueza decana de Barcelona reclama específicamente que se creen seis juzgados, para responder sin dilaciones a las causas de delincuentes reincidentes. 

Ahora, desde la Conselleria de Justícia se está trabajando con el ministerio para elaborar un plan que permita la creación de nuevas plazas, pero eso no tendrá efectos inmediatos. Por ello, urge crear incentivos para atraer jueces a Catalunya. Son sabidas las resistencias de muchos jueces a venir aquí, algo que la presencia de la Escuela Judicial en Catalunya, por la que todos los nuevos jueces deben pasar, debería haber contribuido a revertir. Pero también es necesario promover vocaciones autóctonas en un territorio que, tradicionalmente, ha dado poco opositor a los cuerpos superiores del funcionariado y, por tanto, poco dado a optar a la carrera judicial. Y todo ello en paralelo al desarrollo de mecanismos que permitan una justicia más rápida. No solo como un derecho de los litigantes, sino también como un instrumento que, en un momento en el que se ha incrementado notablemente la preocupación por la seguridad, facilite que un funcionamiento fluido de la justicia dé a la ciudadanía más confianza frente a la sensación de impunidad ante la reincidencia.