La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en unas declaraciones poco meditadas y desafortunadas incurrió en un aparatoso desliz al utilizar el nombre del Rey para defender su postura en cuanto a la concesión de indultos a los condenados en el 'procés'. Refirió que ello constituiría una "humillación" para el monarca e incluso se llegaba a preguntar si el Rey sancionaría con su firma los indultos.
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Resulta ciertamente preocupante que una persona que rige los destinos de una comunidad autonómica desconozca a estas alturas que, en una monarquía parlamentaria como la española, el jefe de Estado, según la conocida máxima "El Rey reina, pero no gobierna", carece en nuestro sistema político de funciones ejecutivas. En la concesión de indultos su función es meramente formal, y su deber político es sancionar la decisión del Gobierno.
Por eso, los actos del Rey, en este caso el indulto, han de ser refrendados por el ministro de Justicia, que será el responsable del acto, conforme al art. 64 de la Constitución. Invocar el nombre del Rey en vano es ignorar groseramente el mandato constitucional y a la vez comprometer innecesaria e inadecuadamente a la Corona y contribuir a enturbiar la delicada situación política.