El tema de los falsos autónomos debería estar en el centro del debate público. Estas empresas han encontrado la forma de disfrazar como 'autonomía' lo que en realidad es precariedad laboral. Bajo la promesa de flexibilidad y libertad, los trabajadores son obligados a operar bajo condiciones que poco tienen de independientes y mucho de explotación.

Los llamados 'riders', por ejemplo, están técnicamente registrados como autónomos, pero dependen completamente de las instrucciones de la empresa: desde las rutas y tiempos hasta la cantidad de encargos que pueden aceptar si quieren seguir siendo 'competitivos'. ¿Dónde está la autonomía en eso? Mientras tanto, se les niegan derechos fundamentales como la seguridad social, vacaciones pagadas o una protección real, en caso de accidente. Todo el riesgo y los gastos recaen sobre ellos, mientras la empresa se ahorra millones en costes laborales.

Lo más grave es que este modelo no solo afecta a los trabajadores implicados, sino a toda la sociedad. Normalizamos un modelo de trabajo que rebaja los estándares laborales y mina los derechos conquistados durante décadas. Además, las empresas que sí respetan las normativas se ven obligadas a competir en desigualdad de condiciones.

Es alentador que algunas sentencias judiciales ya hayan reconocido a estos trabajadores como empleados, pero la lucha no puede quedarse ahí. Es imprescindible que las autoridades actúen con contundencia para frenar este abuso y proteger el empleo digno. Las empresas no pueden escudarse en la tecnología para explotar a quienes sostienen su negocio.

Es hora de que, como sociedad, dejemos de aplaudir modelos que priorizan el beneficio a costa de la dignidad de las personas. El progreso no puede construirse sobre la base de la explotación.