Renovación del CGPJ | La presidenta

Son tantos los motivos para celebrar el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial que haré uso de la memoria para recordar cuando la conocí. Fue en unas jornadas para jueces y magistrados organizadas por la Generalitat de Catalunya, en Tarragona, en marzo de 1999, en las que inmerecidamente me habían invitado a hablar de un tema tan complejo como los delitos contra la Hacienda Pública. Comprobé no solo la profundidad de sus conocimientos jurídicos, sino su altura de miras respecto de la función judicial, que permitía aventurar una trayectoria tan brillante como la que ha culminado con su nombramiento por 16 de los 20 vocales del Consejo, para que los presida, poniendo fin a una crisis institucional tan grave. 

La nueva Presidencia del Consejo no solo la ostenta una mujer, sino que se trata de una mujer catalana, progresista y feminista, que hace ya una década, en 2014, después de que el PP nombrara para el mismo cargo a Carlos Lesmes, consideró sexista su discurso, por dirigirse únicamente a sus “compañeros”, olvidándose por completo de que en la carrera judicial, afortunadamente, las mujeres son mayoría, y del mandato de la Ley para la Igualdad Efectiva, que tuvieron que recordarle la actual presidenta junto con otras dos excelentes magistradas, como son Celsa Picó y Margarita Robles, actual Ministra de Defensa. 

Su trayectoria dentro de la judicatura ha sido impecable y brillante, pasando por Menorca, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, ostentando desde 2009, la máxima categoría como magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Fue ejemplar el discurso improvisado que, rechazando el que le habían preparado los “técnicos” del Consejo, escribió hasta la madrugada y leyó en la inauguración del curso judicial ante el Rey y todas las autoridades que concurrieron. Les recordó que pese a que la mujer ya es mayoría en la judicatura, siguen siendo minoría en los altos cargos y que pretende que los nombramientos pendientes se efectúen únicamente con criterios de mérito y capacidad, que es como decir que se acabaron las cuotas de magistrados recomendados por cada partido.

Es lógico y natural que la nueva presidenta defienda como hizo, con uñas y dientes, la independencia de los jueces, porque todos sabemos que un Poder Judicial que no sea independiente, ni es poder, ni prácticamente es judicial, y lo hizo de una forma muy inteligente, diciendo que “ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los Jueces y Magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”. Después de lo sucedido tras la aprobación de la Ley del solo sí es sí, y del batiburrillo de reformas sucesivas para imponer a los jueces una interpretación, la nueva presidenta no podía dejar de llamar la atención sobre la necesidad de mantener la separación de poderes, base sólida de un auténtico Estado de derecho. 

Desde la 'fachosfera' han criticado el discurso por no defender al famoso Juez Peinado, crítica poco seria analizando sus manifestaciones sobre el asunto, la última de las cuales consiste en decir en un Auto que se pueden sacar conclusiones del silencio de Sánchez. Desde los sectores políticos próximos al Gobierno y sus aliados, se lamenta que la nueva presidenta no se pronunciara sobre las resoluciones del Supremo en que se cuestiona y pretende inaplicar la Ley de amnistía, lo cual hubiera supuesto una precipitación notoria, amén de que se hubiera salido de su papel institucional, máxime cuando el asunto está pendiente en el Tribunal Constitucional, que deberá decidir si lo admite a trámite el próximo día 24 de septiembre. 

Yo, sin que sea una crítica, sí que le pido a la nueva presidenta del Consejo que revitalice los órganos fundamentales de esta importantísima institución, como la Comisión Disciplinaria, que deben impedir que se produzcan situaciones esperpénticas como las que hemos comentado, y también, puestos a pedir, que sea el Consejo, es decir, que sean los jueces, quienes impulsen la reforma del Poder Judicial, pendiente todavía desde la muerte de Franco.