Soy maestra funcionaria jubilada desde hace menos de cinco meses. En 2011 tomé una decisión difícil para mí, que fue dejar la sanidad pública a la que siempre había pertenecido y pasarme a una mutua. Mi idea fue siempre volver de nuevo al sistema público de salud en cuanto los recortes salvajes y la precariedad disminuyeran y la situación mejorase.
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Leo en su periódico dos noticias que me hacen pensar que esa situación no se va a revertir nunca. Una de las noticias es ‘Los médicos piden invertir 50 millones para contratos de la atención primaria’ y la otra, ‘La Generalitat prevé abrir 10 nuevas embajadas en un año’.
La sanidad sufre un deterioro insoportable en todo el Estado español, y Catalunya es de las comunidades más afectadas. Tengo nieto, hijos, familia y amigos que cuando piden hora al médico de cabecera no tienen más opción que esperar dos semanas o más, o presentarse en urgencias. No hablo ya de los especialistas o las intervenciones quirúrgicas: entonces la demora es de largos meses o incluso algunos años.
No es justo que nuestros impuestos se empleen en una realidad ficticia de embajadas de estados inexistentes mientras los médicos, enfermeras y pacientes de la sanidad pública catalana asisten al desmantelamiento de un servicio prioritario y esencial para vivir en una sociedad digna.