En los últimos meses hemos oído muchas veces por parte del Partido Popular que la declaración de independencia de Catalunya es ilegal porque no respeta la Constitución.
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Sin entrar en este debate, parecen no tener en cuenta que, según la Constitución también, España es un Estado de derecho: a la educación, que el Estado debe garantizar (artículo 27); a una remuneración salarial suficiente (artículo 35, recordemos el salario mínimo); a la salud, que los poderes públicos deben tutelar (artículo 43); a una vivienda digna y adecuada (artículo 47) y a unas pensiones adecuadas y actualizadas (artículo 50).
A algunos estos derechos les parecerán utópicos o imposibles pero son necesarios para una vida digna. Es cuestión de prioridades: para el rescate bancario sí que hubo dinero. Además, si se persiguiera la corrupción y el fraude fiscal probablemente no habría los recortes que hay en Sanidad y Educación, que, por cierto, no son gratuitas porque la pagamos con nuestros impuestos. Eso de que "quien quiera una Educación de calidad, que se la pague" no es de recibo porque la educación pública la pagamos con nuestros impuestos. Todo es cuestión de voluntad política. A veces se menciona la Constitución solo para lo que les interesa.