Nadie a estas alturas puede poner en solfa la necesidad de activar políticas activas para hacer realidad el derecho de igualdad, que constituye un principio jurídico universal. Esa igualdad debe tener pleno reflejo en el ámbito del empleo, público y privado. Cabe admitir que la relación de candidatos en la conformación de las listas electorales sea de composición paritaria de género. Lo fundamental es que se favorezca, sin cortapisas, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Ahora bien, esa paridad debe conjugarse con el respeto a la igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

Merced al sistema meritocrático de becas, al nivel y calidad de la enseñanza pública, muchas mujeres ocupan destacados puestos: notarios, jueces, fiscales, médicos, catedráticos... siendo incluso notoriamente superior a la de hombres. Acreditaron meritoriamente su valía al aprobar duras oposiciones o superar rigurosos sistemas de acceso.

Lo que no es de recibo es establecer imposiciones de género en la administración pública ni en la empresa privada, con injerencias en las decisiones de los consejos de administración, cuando es harto conocido que algunas de las más relevantes empresas españolas, banca, energía, servicios... son presididas por mujeres talentosas y muy valiosas. Lo que no debe admitirse es ascender solo por sexo, sin adecuada y contrastada competencia, en clave de mero formato de cuota política. Las mujeres que se han esforzado y sacrificado, a buen seguro, se sentirán ofendidas.