Un colectivo pide al Parlament flexibilizar las cédulas de habitabilidad para ganar más oferta de vivienda

Propietarios, arrendatarios, administradores de fincas y miembros de diversos gremios profesionales, hasta un total de 342 firmantes, han suscrito una petición para que el Parlament de Catalunya y la Generalitat deroguen la exigencia de la cédula de habitabilidad de segunda ocupación, un documento que consideran innecesario en viviendas que ya han sido habitadas y que han pasado la correspondiente inspección técnica de edificios (ITE), pero que la administración catalana exige para todos los pisos construidos antes de 2012, de acuerdo con el decreto 141/2012 que regula las condiciones de habitabilidad.

La Plataforma 2015 Accés a l'Habitatge, promotora de la petición que prevé registrar ante las dos instituciones, asegura que en la actualidad se produce una duplicidad que está dejando fuera del mercado inmobiliario una cifra importante de viviendas, "que podrían ayudar a aliviar el problema habitacional", ha indicado Josep Maria Coderch, portavoz de la entidad. La ITE ya evalúa las condiciones de habitabilidad de una vivienda, con lo que la cédula de segunda ocupación acaba siendo un trámite adicional hasta cierto punto repetitivo. Actualmente, según Coderch, Catalunya es una de las cinco comunidades autónomas (junto a Navarra, Asturias, Cantabria y La Rioja) que aún mantiene la cédula de segunda ocupación, a diferencia de otras 12 comunidades que ya la han eliminado.

"La derogación del decreto 141/2012 es la única vía para evitar que las viviendas de segunda mano queden fuera del mercado residencial. Es incomprensible que Catalunya siga manteniendo una normativa que obstaculiza el acceso a la vivienda para miles de personas", ha proclamado Coderch este miércoles, en la presentación de una campaña que "que va a llegar hasta el último rincón del Parlament de Catalunya y del Govern", ha anunciado. "Estamos atrapados en una burocracia que impide que viviendas perfectamente aptas para ser habitadas lleguen al mercado de segunda mano", ha agregado el portavoz.

Según sus estimaciones, la eliminación de la cédula de habitabilidad de segunda ocupación permitiría regularizar "las más de 73.000 viviendas a las desde 2013 hasta este año se les ha denegado la licencia". De estos 73.000 pisos, la plataforma calcula que entre un 50% y un 60% (entre 36.500 y 44.000 viviendas) están vacíos y podrían sumarse a la oferta inmobiliaria.

A la espera de la respuesta de la Generalitat

Consultada por este diario, la Conselleria de Territori i Habitatge no confirma las cifras que aporta la entidad, que asegura haber solicitado también una reunión con la titular del departamento, Sílvia Paneque, y con la secretaria de Habitatge de la Generalitat, Lídia Simon, sin haber obtenido respuesta de momento.

Coderch ha explicado que, entre los motivos que la Agència de l’Habitatge de Catalunya utiliza para denegar cédulas, figuran situaciones como la de que hay inmuebles antiguos, "algunos, por ejemplo, de 1920", que se construyeron con normas de edificación y urbanísticas diferentes a la normativa actual. La plataforma ha gestionado casos como el de pisos con techos que parcialmente miden 2,08 metros y no los 2,20 que exige la ley actual o puertas de lavabos de 70 centímetros de anchura en lugar de 80 requeridos.

"Las personas que viven en estos pisos están expuestas a sanciones que oscilan entre los 9.000 y los 900.000 euros", asegura el promotor de la iniciativa, que ya ha presentado 11 recursos contencioso-administrativos contra la denegación de cédulas de segunda ocupación. La entidad calcula, asimismo, que en 2027, año en el que la Generalitat prevé poner en el mercado un total de 20.000 viviendas de protección oficial, "se estima que el número de viviendas con la cédula de habitabilidad no concedida habrá aumentado hasta los 91.000".