La eliminación de las 'golden visa' puede ser una medida positiva, pero no va a hacer ni cosquillas al problema de la vivienda en España. Es la conclusión unánime de todos los sectores implicados en una cuestión que genera quebraderos de cabeza a seis de cada 10 ciudadanos, según estadísticas avaladas por el Gobierno. Otra cosa es que la supresión de esos visados, que premian con el permiso de residencia a los extracomunitarios que hagan grandes inversiones en el país -sobre todo inmobiliarias-, no sea positiva en términos de lucha contra el blanqueo de capitales o incluso contra el narcotráfico. Pero, en puertas de un decisivo maratón electoral –vascas, catalanas, europeas–, el Ejecutivo ha puesto el acento no en esos encomiables objetivos, sino en que la medida servirá para que el derecho universal a un techo digno y adecuado pase por primera vez del artículo 47 de la Constitución a la realidad.