Terrassa, Badalona y L'Hospitalet, las ciudades que más reciben de la inyección de 75 millones de la DIBA

El reparto local definitivo de la inyección financiera de 75 millones de euros anunciada por Diputación de Barcelona (DIBA) hace unas semanas ya tiene concreción. El acuerdo de la Junta de Gobierno de la DIBA que aterriza el bautizado como 'Programa específico extraordinario de autonomía local' hace públicas desde este 14 de noviembre las aportaciones que irán destinadas a cada uno de los ayuntamientos pertenecientes a la provincia de Barcelona. Tomando como referencia los importes totales asignados, que comprenden los 50 millones ya "concedidos" del 2023 y otros 25 "preasignados" de cara al 2024, las ciudades de la provincia de Barcelona que mayor aportación a cargo de la DIBA reciben son Terrassa (2,03 millones), Badalona (2,02 millones), L'Hospitalet de Llobregat (1,98 millones), Sabadell (1,96 millones) y Mataró (1,66 millones). Barcelona ciudad, por su parte, queda explícitamente excluida de la distribución de fondos en virtud de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la DIBA de diciembre del 2020. En el siguiente buscador es posible consultar el reparto de los 75 millones de la DIBA en cada uno de los 314 municipios de la provincia de Barcelona. La distribución de los fondos está basada en criterios técnicos que configuran seis tramos. En un primer tramo, se reparten 30.000 euros fijos y comunes a todos los municipios. En un segundo tramo, se distribuyen 37,4 millones en función de los habitantes empadronados con un límite máximo de 1,5 millones por ciudad. En un tercer tramo entran en juego 5,6 millones repartidos según la renta bruta familiar disponible por habitante en cada localidad. Y en los tres tramos restantes la división de fondos se ejecuta con base a tres indicadores: la tasa de desempleo; el índice de ingresos propios de las ciudades corregidos por el esfuerzo fiscal; la extensión de los términos municipales; y, por último, la proporción de población con recursos por debajo de los 7.500 euros anuales por unidad de consumo. En todos estos parámetros, la DIBA alude a fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Programa HERMES de la propia Diputación. Dos líneas de actuación para los ayuntamientos La millonaria inyección económica de la DIBA acontece en el contexto del SOS de grandes ayuntamientos metropolitanos por su infrafinanciación. Específicamente, el acuerdo de la Junta de Gobierno que aprueba la dotación hace referencia a la suma de la inflación, las consecuencias de la pandemia del covid-19 y los efectos de los actuales conflictos bélicos (guerras de Rusia-Ucrania e Israel-Gaza) como el caldo de cultivo para la 'tormenta perfecta' de la infrafinanciación local. "La salida de esta situación requerirá de ayuntamientos dotados de verdadera autonomía para gestionar efectivamente sus políticas propias", afirma el acuerdo de la Junta de Gobierno de la DIBA, escenario ante el cual el ente "apuesta por profundizar en el apoyo a los municipios y entidades descentralizadas de la provincia de Barcelona comprometidos con el mantenimiento del nivel de gasto que les permita prestar adecuadamente sus servicios públicos". Pese a esta voluntad, cabe recordar que estos recursos no son vistos por las corporaciones locales como una solución ni mucho menos definitiva, sino como un "balón de oxígeno que resuelve una situación puntual", precisó a EL PERIÓDICO Meritxell Budó, presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Bajo ese paraguas, la administración supramunicipal condiciona la utilización de los fondos suministrados a dos líneas de actuación a ejecutar por los ayuntamientos. Por un lado, un 'apoyo al gasto corriente', línea a través de la cual las administraciones locales están habilitadas a destinar los fondos a gastos por reparaciones, suministros o fomento del turismo sostenible, entre muchos otros. Y, por otro, un 'apoyo al gasto de capital y financiero', marco en el que se incluyen las inversiones en el espacio público, las inversiones de renaturalización e infraestructura verde o las inversiones en el patrimonio arquitectónico local, por ejemplo.

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El reparto se basa en parámetros como los habitantes empadronados, la renta bruta familiar o la tasa de desempleo

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