Terremoto tras el escándalo de las menores tuteladas prostituidas en Asturias: el PP pide una dimisión y crecen las voces que dicen que "algo falló"

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, se reunirá con la Fiscalía de Menores y también con las direcciones de los centros de acogimiento para analizar los protocolos y medidas de coordinación. También comparecerá a petición propia en la Junta General para informar sobre la operación policial que ha destapado el sórdido caso de explotación sexual de cinco menores tuteladas por el Principado de Asturias. Del Arco ha solicitado intervenir en el parlamento para dar cuenta de la investigación, desencadenada tras una denuncia presentada por la propia Administración. El Gobierno indica que se "redoblarán esfuerzos para asegurar que todas las medidas de protección funcionen con la mayor agilidad y eficacia posible". Los directores de centros, tanto públicos como concertados, han sido convocados a una reunión este viernes para evaluar el impacto de la formación orientada a facilitar la detección de situaciones de riesgo de violencia sexual que se ha impartido en los dos últimos años. Tal y como ya explicó este martes en rueda de prensa la consejera, este tipo de sesiones se convocan a iniciativa de la consejería siempre que se produce algún caso de violencia. En la reunión se analizará el impacto en los menores tutelados de las detenciones por las agresiones sexuales a menores. Sobre el caso propiamente dicho, se ha sabido que tan solo tres de las cinco menores han sido exploradas en el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, del que es titular la magistrada Marisa Llaneza. La última exploración se produjo hace tres semanas, a mediados del mes de abril. Una de las menores no ha podido ser explorada al haberse fugado del centro y estar en paradero desconocido. De lo instruido hasta ahora se concluye que las menores "salían de noche de forma habitual y que al entrar en diversos locales no se les pedía el carné de identidad", según indicaron fuentes jurídicas. Como ya desveló La Nueva España, del mismo grupo editorial, las jóvenes acudían a bares y locutorios del Antiguo de Oviedo, y allí eran contactadas para mantener relaciones sexuales en domicilios. Su campo de acción no se circunscribiría a Oviedo, sino que acudirían también a Gijón y otras localidades asturianas, según las mismas fuentes. La red de explotación ofrecía cada servicio por unos 50 euros. Varios de los detenidos, e incluso una de las menores, la de mayor edad, cobraban cierta cantidad por contactar a las niñas con clientes. Aunque fueron doce los detenidos, solo se sigue el proceso contra diez de ellos, uno de los cuales se encuentra encarcelado en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que –estimando dicho recurso– revocó el pasado mes de marzo el auto de primera instancia por el que se había decretado su libertad provisional con medidas cautelares. Los demás investigados que figuran en la causa se encuentran en situación de libertad provisional, a petición del Ministerio Fiscal, cuatro de ellos con medidas cautelares y de protección hacia las víctimas. Uno de ellos, un subsahariano, habría huido a su país en África, lo que dificultará que rinda cuentas ante la justicia. Todos los implicados han sido reconocidos fotográficamente por las víctimas, que han entregado sus móviles a la Policía para volcar sus conversaciones y recopilar pruebas. Desde diferentes instancias no se acaba de comprender la libertad con la que las menores se desenvolvían en el mundo de la noche. Flor González Muñiz, gerente del Colegio de Educadores Sociales rompió una lanza en favor de los profesionales de los centros de menores, que requieren de un trabajo muy especializado. "Nos parece dramático que se produzcan estos casos proxenetismo de menores. Dicho esto, hay que tener en cuenta que los centros son el hogar de estos menores, no son una cárcel. Cuando se dice que tenemos que controlar más a lo menores, se parte de un desconocimiento. Los permisos se van pautando, dependiendo de la evolución y la autonomía personal del menor. No se permite que los menores lleguen a las siete de la mañana o que no acudan a dormir al centro. Igual que hay adolescentes que llegan tarde a casa, lo mismo ocurre en los centros", indicó. Y llamó la atención sobre los motivos por los que estos menores están tutelados. "Hay un desamparo motivado por una negligencia en el cuidado de los niños por parte de sus progenitores. Los niños no se resetean en los centros, cada uno viene con su mochila, ligada a situaciones brutales de maltrato e incluso de violencia sexual. Les espera un camino muy largo, que a veces dura toda la vida. En ese contexto, los educadores sociales realizamos un labor de acompañamiento terapéutico, desde por la mañana cuando se levantan hasta que regresan del colegio o sus actividades extraescolares. Tratamos de recomponer ese daño que han recibido. Pero algunos, por su situación de fragilidad, entran en un espacio de riesgo extremo, muchas veces a través de la redes, y se aprovechan de ellos personas conscientes de esa fragilidad, depredadores sexuales, que les compran con cosas espurias, como un móvil o ropa. Muchos llegan a los centros con 12 o 13 años, con un nivel de vulnerabilidad enorme, y buscan el cuidado de quien sea. Son víctimas, no podemos pedirles que sean perfectos", explicó Flor González. El psiquiatra Julio Bobes llamó por su parte la atención sobre las secuelas que dejan situaciones como las sufridas por estas menores: "Algo así pesará sobre las menores durante mucho tiempo, no se borra, y más en jóvenes sin anclajes familiares. Es un hecho lamentable y deleznable, los autores no tienen disculpa, aun cuando las víctimas no estén alejadas previamente de la sexualidad. Es imperdonable que se nos escapen este tipo de casos, hay que confiar en detectarlos cuando antes". La trama de las menores que fueron prostituidas cuando estaban bajo la tutela del Principado llegó ayer a la arena política. El PP pidió la destitución de la consejera de Bienestar, Marta del Arco. "Está inhabilitada para seguir ejerciendo la responsabilidad que el presidente, Adrián Barbón, le encargó", planteó Luis Venta, portavoz adjunto de los populares. Vox vinculó este caso con los registrados en Valencia y Baleares con el argumento de que "no es casual que se hayan producido con gobiernos autonómicos de izquierdas, ni que estén vinculados a la inmigración ilegal". IU, Foro y la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, lamentaron el uso político de este asunto. El PSOE admitió que se trata de "una situación gravísima", pero defendió la labor del departamento que dirige Marta del Arco. "No cabe ninguna duda de que el Principado ha utilizado todos los instrumentos a su alcance para afrontar un tema gravísimo", valoró la portavoz socialista en la Junta, Dolores Carcedo. El PP planteará una pregunta a la consejera de Derechos Sociales en el pleno de la próxima semana, confirmó Luis Venta tras la junta de portavoces. "Lo que no esperábamos es que un Gobierno frivolizase sobre algo tan grave como lo que afecta a menores cuya tutela está en manos del Principado. Es inaceptable y me atrevo a decir que despreciable que la responsable del Gobierno de Barbón se haya referido a lo ocurrido como ‘cosas de la vida’. Esta consejera queda inhabilitada para seguir ejerciendo la responsabilidad que Barbón le ha encargado", sostuvo el portavoz adjunto del PP en el parlamento autonómico. Venta exigió responsabilidades políticas: "Si no es un fallo del sistema, es una negligencia de la persona encargada de que ese sistema funcione. Claro que falla el sistema, las políticas socialistas, y por supuesto la Consejera. Que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables", reclamó el diputado popular. Venta emplazó al Gobierno asturiano "a pedir perdón a las familias, a las menores y a los asturianos por un drama que nos abochorna. Este Gobierno, lejos de dar explicaciones, ha arremetido en el pasado contra la oposición por referirnos a denuncias de profesionales sobre fugas de menores, y nos acusó de crear alarma social, incluso acusó a los medios, algo habitual en los socialistas". Por su parte, Javier Jové, de Vox, tras solidarizarse con las menores, reprochó que "no es casual que estos casos se hayan producido con gobiernos autonómicos de izquierdas, en Valencia, Baleares y ahora en Asturias". Vox también interpelará a la consejera Del Arco sobre esta cuestión. Para Jové "tampoco es casual que estos casos estén vinculados con la inmigración ilegal, aunque todos los partidos nos quieran convencer de que las mujeres están seguras con esta inmigración ilegal". El parlamentario autonómico de Vox considera que el Gobierno del Principado "no ha hecho todo lo posible para evitar" que se produjera un caso de esta magnitud y sostiene que la denuncia "fue precautoria, para intentar salvar la cara, pero las políticas de tutelaje de la Consejería no cumplen con su misión". Jové destacó que "ahora explotó, pero de esta situación de fugas de los centros se lleva hablando meses. No pilla de sorpresa a ninguno". Xabel Vegas, de IU-Convocatoria por Asturias, tachó de "lamentable que PP y Vox lleven dos preguntas de este asunto al próximo pleno y recurran a una política oportunista en una cuestión en la que hay que ser muy delicados". Vegas afirmó que "es un asunto extremadamente delicado, ante el que hay que ser muy sensible. Son niñas con historias de vida muy duras". El portavoz de IU defendió que los centros de menores "no son cárceles" y quiso "romper una lanza en defensa de los trabajadores de dichos centros: educadores y otro tipo de funcionarios". Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, también calificó de "indignante" que algunos grupos "quieran sacar rédito político", aunque admitió que "el modelo de tutela de menores necesita una revisión" y que los centros del Principado "deben contar con más recursos humanos para atender a los menores en las mejores condiciones posibles, no coartar su libertad ni tenerlas encerradas". Pidió por otro lado "empatía" y no "revictimizar" a las menores. La diputada del Grupo Mixto se mostró partidaria de que "se diriman todas la responsabilidades, es importante que así sea y que la vía judicial llegue hasta donde tenga que llegar". Adrián Pumares (Foro) pidió tratar este caso "con la máxima cautela, no podemos revictimizar a la víctimas" y reclamó "la máxima transparencia" por parte de la consejería de Derechos Sociales: "Nadie nos va a encontrar en la polarización en este asunto", afirmó el diputado forista, que tenía previsto pedir la comparecencia parlamentaria de la consejera Marta del Arco, en el caso de que la titular de Derechos Sociales no lo hubiera hecho.

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