Sobre el papel y en comparecencias públicas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) defiende la adopción de todas cuantas medidas sean necesarias para evitar la revictimización de la persona afectada por conductas de acoso sexual. Entendiendo esa revictimización –en palabras de la propia ministra de Ciencia, Diana Morant, del pasado 21 de marzo en el Congreso– como “la que sufre la víctima cuando las instituciones no las atendemos adecuadamente y con justicia”. Se comprometía desde el estrado a “poder continuar con el procedimiento administrativo [tras una denuncia] más allá de los procesos judiciales” para cerrar la puerta a toda conducta de acoso sexual dentro de la organización. Una estrategia u hoja de ruta que no se puso en práctica con Carmen Fernández, la mujer de 43 años que desapareció el pasado septiembre a bordo del oceanográfico García del Cid después de haber tenido que regresar al mismo escenario donde había denunciado una agresión sexual. Camarera en este buque adscrito al CSIC, había reclamado de forma insistente un traslado, que le fue negado –arguye ahora el Gobierno– porque esa posibilidad no constaba en el convenio de la embarcación. Extremo que no es correcto.