El Plan de Igualdad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que incluye “medidas para combatir la violencia contra la mujer”, se creó en el año 2011. A él alude el Gobierno central para reivindicar que su lucha contra los abusos sexuales, más que extendidos en la flota de buques oceanográficos adscritos a la institución –doce denuncias solo entre 2019 y 2023, como ayer divulgó Faro de Vigo, del mismo grupo editorial–, es firme y decidida. Claro que, tal y como ha constatado por escrito el propio Ejecutivo, lo que determine ese Plan de Igualdad es papel mojado si el convenio colectivo que afecta a cada buque dice otra cosa. De modo que las mujeres afectadas por estas conductas de abuso o acoso quedan desprotegidas, como ha sido el caso de Carmen Fernández (Cangas, 1980), desaparecida a bordo del García del Cid el pasado septiembre después de haber denunciado en los juzgados a otro tripulante por una agresión en el año 2019. Si bien el Plan de Igualdad recoge específicamente la posibilidad de trasladar empleados en casos de abusos, a Carmen se le denegó esta opción porque el convenio propio del buque no contempla esta opción. El convenio colectivo del oceanográfico García del Cid, registrado en Barcelona con el código 0807741, es del año 2010. Y sigue vigente.