No hay duda de que la investigación judicial y policial del caso Déborah dejó mucho que desear en 2002 y en los años posteriores. La familia de la joven viguesa, en su infatigable lucha por conocer la verdad, no ha dejado en los últimos años de poner sobre la mesa la sucesión de errores y omisiones de unas pesquisas en las que, por poner solo un revelador ejemplo, hubo que esperar hasta finales de 2019, transcurridos ya más de 17 años desde la desaparición y muerte de la víctima, para que se produjeran las primeras tomas de declaraciones en sede judicial. Pues bien, esta situación que tantas veces ha sido denunciada por los padres y los hermanos de la joven, así como por su equipo de abogados, también es puesta de manifiesto desde la propia Administración de Justicia. Porque la Audiencia Provincial de Pontevedra, en una de las resoluciones judiciales que ha dictado en el marco de este procedimiento, reprueba la forma en que se llevaron a cabo las indagaciones en sus inicios, cuando ocurrió todo y cuando, como en toda investigación criminal en la que los primeros días, semanas y meses son claves, más crucial es actuar de cara a tratar de obtener los indicios y pruebas que permitan avanzar en la resolución del delito. Para los magistrados, la investigación emprendida en aquella época fue “de todo menos modélica”.