El crimen de Samuel Luiz, a la espera de juicio

El próximo domingo se cumple un año de la muerte de Samuel Luiz, de aquella mañana en la que llegaban informaciones contradictorias sobre una pelea entre dos grupos de amigos por algo que había pasado con un móvil. Después de infinidad de horas de investigación, de indignación en redes sociales y en la calle y de no comprender cómo un joven de 24 años puede no regresar a casa tras una noche de fiesta, dos menores cumplen condena por su asesinato. En prisión provisional y a la espera de juicio siguen desde el 9 de julio de 2021 tres varones mayores de edad; y una chica y otro joven, el séptimo detenido, están en libertad, aunque con la obligación de presentarse en el juzgado periódicamente. ¿Qué ha cambiado en este año más allá de saber que los hechos fueron calificados y juzgados como asesinato en el caso de los menores? Aparentemente, no mucho. Fuentes policiales indican que los delitos de odio y homófobos no se han incrementado en la ciudad en este año, aunque sí que han subido las agresiones. La madrugada del 3 de julio, Samuel salió de fiesta con su amiga Lina, estaba haciendo una videollamada cuando un joven, que iba con su novia —según declaró Lina—, le llamó “maricón” al recriminarle que le estuviese grabando, aunque realmente no lo estaba haciendo. A partir de ahí, lo que ya sabemos. Seis minutos de golpes en un recorrido de 150 metros que acabó con su vida unas horas más tarde, en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Aquel relato, aquel “maricón”, removió conciencias y desató la indignación de una ciudad que no podía comprender cómo un crimen tan brutal podía haber ocurrido en sus calles, a la vista de tanta gente que disfrutaba de la segunda jornada de ocio nocturno, que había estado vetada durante el estado de alarma, y que solo Ibrahima y Magatte intentasen ayudar al joven para liberarlo de sus agresores. Un año después de la muerte de Samuel Luiz quedan todavía muchas preguntas por resolver, que se intentarán esclarecer en el juicio. Una de ellas, si existió móvil homófobo en la agresión, ya que, a lo largo del sumario, los agentes recopilaron testimonios que apuntan a que al menos uno de los acusados se refirió a Samuel como “maricón” tras la paliza. La asociación ALAS Coruña se ha presentado como acusación popular para saber si, efectivamente, la condición sexual de la víctima fue determinante para la agresión. Por ahora no se sabe, ya que ni siquiera se ha cerrado la instrucción. Eso implica que la Fiscalía todavía no ha formulado su acusación, que podría ser de homicidio o de asesinato —el cuarto detenido también se tendrá que enfrentar a cargos por haber sustraído el móvil de Samuel—. La investigación está pendiente todavía de una ampliación de la autopsia y de la respuesta de la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos, con el objetivo de que la empresa Meta —propietaria de aplicaciones como Instagram, Facebook y Whatsapp— permita a las partes acceder a los mensajes que los acusados se enviaron tras el crimen y que ya habían borrado cuando fueron detenidos, para saber si los jóvenes intentaron pactar una coartada y también para conocer en qué términos se referían a la víctima y, si es posible, demostrar si fue un crimen homófobo. A pesar de que al inicio del proceso las partes estimaban que el juicio podría celebrarse a finales de año, este plazo seguramente se dilate, ya que todavía no ha llegado la respuesta de Estados Unidos. Será un juicio largo, con presencia de muchos testigos y con la deliberación de un jurado popular. El 9 de julio del año pasado trascendió la detención de dos menores de edad sospechosos de haber participado en la brutal paliza que acabó con la vida de Samuel Luiz. Los dos jóvenes ingresaron en un centro de menores, un lugar en el que, por ley, no podían pasar más de nueve meses privados de libertad. Antes de que expirase ese plazo, los menores llegaron a un acuerdo con las partes antes de que se celebrase juicio para aceptar una condena por asesinato, por la que tendrán que cumplir tres años y medio de internamiento en un centro especializado y, después, tendrán que estar tres años más en libertad vigilada. La pena no solo tiene en cuenta las agresiones a Samuel sino también los golpes recibidos por Ibrahima y Magatte, mientras intentaba proteger a Samuel. Esta condena por asesinato es independiente del proceso que se abrirá para juzgar a los jóvenes mayores de edad, aunque se trate de los mismo hechos. Los dos menores acabarán el 9 de julio su primer año de condena, ya que el tiempo que pasaron en el centro de internamiento de forma preventiva computa para el cumplimiento de la pena. En este punto del procedimiento todavía no se sabe, ya que la instrucción no se ha cerrado y la Fiscalía no ha presentado sus escritos de acusación. Los agentes que se encargaron de investigar el caso concluyeron que la víctima y los agresores no se conocían de antes, aunque sí que coincidieron en el mismo bar, antes de la paliza mortal. Los investigadores están también pendientes de si pueden acceder a esos mensajes borrados en redes sociales, ya que podrían arrojar algo de luz sobre este tema. En todo caso, la asociación ALAS Coruña se presentó como acusación popular, movida por los insultos homófobos que los testigos relataron en sus declaraciones. Durante los primeros días, el entonces comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña, Pedro Agudo, diseñó un grupo de trabajo cerrado al que los agentes le dedicaban hasta 17 horas diarias para dar con los agresores de Samuel. Reconstruyeron los hechos en la avenida de Buenos Aires y en el paseo marítimo, recopilaron la información de las cámaras de seguridad y también tomaron declaración a testigos para saber quién era quién en la brutal paliza, incluso registraron la vivienda de uno de los menores, en busca de un arma blanca, que algunos testigos decían que habían visto. Agudo, después de que se produjesen las primeras seis detenciones, explicó que los acusados eran amigos de la misma pandilla, que salvo uno de ellos —uno de los menores— ninguno tenía antecedentes, y que los actos cometidos eran de “extrema violencia”, por lo que era precisa “una reflexión”.

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