Veinte detenidos en una “macrooperación” de narcolanchas

Los golpes al narcotráfico se suceden en Galicia. Y en esta ocasión ha sido una macrooperación dirigida por un juzgado de Vigo la que ayer derivó en una enorme dispositivo que tuvo como escenarios Vigo y su área, así como otros puntos de Galicia, el resto de España e incluso Portugal en los que se practicaron más registros. En total, según fuentes cercanas al caso, el número de detenidos, a la espera de cerrar los últimos flecos, ronda la veintena en todo el territorio nacional. El tráfico de drogas y concretamente la actividad de las narcolanchas centran esta investigación que se sigue por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, contrabando y organización criminal. Una empresa del sector naval dedicada a la fabricación de embarcaciones ubicada en un polígono del municipio porriñés fue uno de los puntos que centró la actividad policial en la sin duda maratoniana jornada de ayer. El Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo dirige esta operación, que estuvo precedida por una investigación previa. Las detenciones y registros se realizaron durante la mañana de ayer de forma simultánea en los partidos judiciales de Vigo –donde se practicaron dos registros domiciliarios–, Porriño y Verín. Además de en Galicia, el operativo también se desplegó en Andalucía, Cataluña y Toledo, así como en Portugal. A última hora de la mañana de ayer la operación seguía abierta y, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), todavía no había un balance definitivo y oficial en cuanto a número de detenidos. Sin embargo, otras fuentes concretaron que en Vigo y su área se practicaron 9 arrestos y, en el conjunto de España, la cifra rondó la veintena. Como consecuencia de los registros, además, los agentes hallaron varias embarcaciones en distintas fases de construcción. En el país vecino, en Portugal, el dispositivo, con la colaboración de la Policia Judiciária, se centró en Valença do Minho, donde se inspeccionaron naves dedicadas a la fabricación de lanchas rápidas que se usarían para recoger en alta mar alijos de droga. A nivel policial, el dispositivo estuvo capitaneado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, agentes que contaron con la colaboración de efectivos de otros grupos del Instituto Armado. Algunas fuentes consultadas indicaron que el pase a disposición judicial de los detenidos en el juzgado de Vigo que lleva el procedimiento se llevará a cabo probablemente mañana, si bien todavía no había una previsión definitiva al respecto. Todo apunta a que parte de los arrestados, en todo caso, ya quedarían en libertad en sede policial a la espera de que sean citados en próximas fechas ante el juez del caso. Junto a la propia actividad del tráfico de drogas, este operativo ha puesto la lupa en la fabricación y venta de lanchas para destinarlas al narcotráfico. Y ya son varios los dispositivos llevados a cabo este año en Galicia centrados en esta actividad. En abril fue desarticulada una red que elaboraba embarcaciones de alta velocidad para introducir hachís en España a través del Estrecho de Gibraltar. Entonces la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 18 personas, además de incautarse de narcolanchas. Más recientemente, bajo la dirección de un juzgado de Cangas, se desplegó un nuevo dispositivo en Arousa en relación con la botadura fallida de una planeadora en Vilaboa. El Supremo confirma la separación del servicio de un guardia civil que daba “soplos” a narcos “Saboteó durante al menos seis meses los trabajos de investigación del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Galicia, en el que se encontraba integrado, y puso en grave riesgo a sus compañeros y a los confidentes de dicho equipo. Es difícil imaginar un daño mayor a la Guardia Civil como cuerpo de seguridad del Estado en la persecución del delito. El grave daño a la Administración no puede ser más evidente”. Así de contundente se pronuncia el Tribunal Supremo en una sentencia en la que ratifica la resolución del Ministerio de Defensa que impuso la sanción disciplinaria de separación del servicio a uno de los dos guardias civiles condenados por dar “soplos” a narcotraficantes. El agente, condenado en Pontevedra en 2018 a 3 años de prisión por estos hechos, estaba destinado en el ECO Galicia cuando se hizo con información relevante de diferentes operaciones antidroga en marcha para facilitársela al otro guardia civil sentenciado, que a su vez la filtraba. Debido a estos graves hechos, el ministerio impuso al agente la máxima sanción, la separación del servicio. El condenado recurrió esta decisión administrativa, para que el castigo fuese minorado, y ahora la Sala de lo Militar del Supremo desestima su recurso y confirma la resolución de Defensa, dictada en enero de 2021 después de que la sentencia penal por estos “soplos” adquiriese firmeza. El comportamiento mostrado por el agente, destacan los magistrados, es del todo “incompatible” con la condición de militar y en especial con la de miembro de la Guardia Civil. Las filtraciones realizadas frustraron “el curso de investigaciones judiciales secretas de narcotráfico”, obstaculizando el seguimiento de los investigados “o habiéndose impedido la detención de éstos”.

Veinte detenidos en una “macrooperación” de narcolanchas

Además de en Vigo y en Porriño, donde se actuó en una empresa naval, el operativo se extendió a Andalucía, Cataluña, Toledo o Portugal | Se hallaron embarcaciones en distintas fases de fabricación

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