El artículo 25.2 de la Constitución establece que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Esa es la teoría. Pero la realidad es que salvo en aquellos casos en los que el reo muestra su clara voluntad para reinsertarse, y cuenta con un apoyo familiar o social en el exterior, muchos exconvictos de larga duración acaban reincidiendo al enfrentarse a su vida en libertad, bien porque su paso por prisión no ha ejercido en ellos ningún tipo de efecto reeducador o incluso porque anteponen una rutina por ellos conocida, pese a renunciar a su propia libertad, a una lucha de subsistencia en la calle.