El juez reabre el caso de Yéremi Vargas 14 años después de su desaparición

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado la reapertura del caso de Yéremi Vargas, el niño de siete años que desapareció el 10 de marzo de 2007 en Los Llanos, Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), después de que el abogado de la familia enviase un escrito al mismo órgano judicial que en 2017 ordenó el sobreseimiento de la causa. En el auto del magistrado Juan Manuel Hermo Costoya, de fecha 2 de septiembre, se desgrana que el decreto de la reapertura de las diligencias previas es a consecuencia del escrito presentado el pasado 2 de agosto de 2021 por los padres del menor, Ithaisa Suárez y Juan Francisco Vargas, bajo la representación legal de Marcos García-Montes. En vista del presente documento "en el que se propone la práctica de diligencias de prueba dirigidas a la identificación de los responsables de los hechos denunciados o averiguación de las circunstancias que rodearon su comisión, procede a ordenar la reapertura inicialmente sobreseídas" al no resultar autor conocido. Asimismo, ha otorgado un plazo de cinco días para que el Ministerio Fiscal realice las "alegaciones que tenga por conveniente" o inste los trámites oportunos a seguir en este procedimiento, "según su criterio particular". Por ellos, a su vez, acuerda oír a las partes para que presenten sus alegatos "sobre el carácter complejo de la causa, la prórroga de la instrucción y su duración". En este sentido, el letrado destaca su agradecimiento, a través de una nota de prensa difundida ayer, hacia la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, especialmente a la la Unidad Central Operativa (UCO) y otras personas que "han ayudado en la investigación privada" tras "dos años de un largo camino en unión de la familia" del menor. Al mismo tiempo, manifiesta que el auto de reapertura del caso en base a la petición por parte de su despacho que consiste en "la identificación de los responsables de la, en principio, desaparición de Yéremi", la averiguación de las circunstancias que rodean su comisión y los medios de prueba que puedan considerarse necesarios. García Montes y los padres de Yéremi manifiestan en el documento que esperan a que el informe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas "sea favorable y se que proceda de inmediato a a practicar las diligencias solicitadas" cuyo resultado derive "en la acusación pertinente". Del mismo modo, añade el letrado que "la confianza en la Justicia y la Fiscalía es plena, como no puede ser de otro modo, y estamos seguros de que hemos rotulado con la reapertura del procedimiento y diligencias a practicar, el futuro camino a lograr la verdad", sostiene, a la vez que matiza que "en el caso de que Yéremi no estuviese vivo", se le puede dar "descanso" a la familia "dando a sus restos cristiana sepultura". También ha manifestado su agradecimiento tanto en su nombre como en el de la familia del niño desaparecido a los medios de comunicación "por el apoyo imparcial en la investigación de un suceso que hasta la fecha no ha concluido". El escrito por el que el juez ha emitido este auto señala que "la única línea de investigación desde la óptica y punto de vista objetivo y subjetivo científico policial" es la seguida en contra de Antonio Ojeda, conocido como El Rubio, "con un descarte absoluto de cualquier otra" que, según la tesis de la acusación popular, "llegaría al absurdo y sin ningún tipo de posibilidad de resultado positivo". Asimismo, añade el documento, "las manifestaciones aducidas por el magistrado en el auto de sobreseimiento de la causa dictado el 25 de octubre de 2017 y, mediante las cuales podría estar incurriendo en un posible delito de calumnias al acusar de delitos de falsedad en juicio a dos internos, uno del Centro Penitenciario de Algeciras, Botafuego y de la cárcel de Juan Grande", al tiempo que manifiesta que "podría incurrir en uno de prevaricación y cohecho a funcionarios de instituciones penitenciaria" incluyendo "al juez de vigilancia penitenciaria" que en su momento "aprobó los permisos ordinarios" para la salida de estos dos reos. El Rubio El letrado hace énfasis en "una clara pérdida de imparcialidad" del juez instructor de la causa quien, a su juicio, hizo una "interpretación personalista y subjetivista, cargada de falta de objetividad» llegando a «extender su límite juridisccional a posturas inadmisibles" haciendo referencia a un "maltrato" hacia un coronel de la Guardia Civil y a varios mandos de la Benemérita "que derivó en una sanción de 500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial". Igualmente, relata que ha existido "una mala relación» que el magistrado «ha demostrado con la familia" del niño. "Los pronunciamientos de resoluciones posteriores sobre las líneas de investigación fueron absolutamente inocuas, insostenibles científicamente contrarias" a las planteadas por las pesquisas policiales, reza el escrito, a la vez que añade que "si el magistrado tenía dudas pudo haber encargado una nueva investigación al Cuerpo Nacional de Policía a sabiendas de que no podría ser otro y que validaría la realizada por la Guardia Civil, si en su mente tenía criterios contrarios a dicha institución". Por lo tanto, ha enfatizado que el juez que dictó el auto de sobreseimiento provisional de la causa contra El Rubio "debe apartarse y abstenerse". El letrado destaca en el documento que las posibles "contradicciones" respecto a las declaraciones de testigos "no reflejan la obligatoriedad de archivar el procedimiento" contra el investigado, Antonio Ojeda, sino que "evidencian la existencia de indicios que deben ser discutidos en fase de plenario ante la inmediación" de un tribunal y las partes. García-Montes refleja una "comisión de errores en la valoración" de las sospechas hacia El Rubio que derivó finalmente en el archivo de la causa. El abogado de la familia ha criticado que el juez matizara en su auto de sobreseimiento que "nada tiene que ver el delito contra la indemnidad sexual de un menor por el que fue condenado Ojeda con la desaparición de Yéremi" y es que explica que "aseverar eso es pretender saber lo que pasó con el menor o las motivaciones de la persona implicada". Finalmente, el letrado ha solicitado que se realice una pericial psicológica y picografologica a Antonio Ojeda "mediante un cuerpo de escritura indubitado realizado de su puño y letra, al efecto de las pruebas practicadas". El auto dado a conocer este miércoles por el que se ordena la reapertura de las diligencias previas es susceptible de recurso de reforma que podría presentar el Ministerio Fiscal en un plazo de tres días.

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