La pandemia ha agravado el infierno de las esclavas sexuales

El 30 de julio de cada año, justo antes de irse de vacaciones, el mundo occidental parece detenerse un instante en la trata de personas dedicándole un Día Internacional. Merecería más atención porque la “esclavitud del siglo XXI”, según la Policía Nacional, es el negocio que mueve más dinero tras el tráfico de drogas y de armas. Los datos de Naciones Unidas recogen que el 65% de las personas traficadas en el planeta son mujeres y una tercera parte de estas son menores de edad, niñas. También que la finalidad que mueve a las organizaciones criminales en el 50% de los casos es usarlas para explotarlas sexualmente. En Catalunya, explica el inspector Toni Salleras, jefe del Àrea contra el Crim Organitzat de los Mossos d'Esquadra, el 72% de las personas tratadas que ha liberado el cuerpo autonómico eran mujeres obligadas a vender su cuerpo. Durante la pandemia, la situación de todas ellas ha empeorado. Con las restricciones sociales decretadas para reducir la propagación del virus, sobre todo durante las fases más intensas como la del confinamiento domiciliario, las mujeres prostituidas–en muchos casos también víctimas tratadas– han tenido que abandonar los lugares públicos: las luces de neón de los clubs se apagaron, las persianas de los centros de masajes bajaron y los andenes de las carreteras se vaciaron de sombrillas playeras y sillas de plástico. “Durante estos periodos, las víctimas han sido trasladadas a pisos clandestinos, sobre todo a partir de la segunda ola", explica el inspector. Esos lugares las han dejado más expuestas a padecer abusos, han acrecentado su vulnerabilidad. "Ha sido un problema muy importante porque ha hecho más invisible el tráfico de seres humanos”, subraya Salleras. A esta deriva hacia un rincón más oscuro de la sociedad, el mosso añade otras dos consecuencias perversas conectadas con el covid-19: “por un lado, trabajar menos ha implicado que se alargue el tiempo de cautiverio porque tardarán más en pagar los llamados 'peajes' –muchas organizaciones retienen a las víctimas pretextando que deben abonar cuanto ha costado traerlas desde su país de origen–". Y, por el otro, algunas se han visto sometidas a jornadas aun más degradantes "al reiniciarse la actividad" dado que durante el parón "no han generado beneficios para sus captores”. Natalia Massé, responsable del programa TEH de la Fundació APIP-ACAM, coincide con el diagnóstico de Salleras. “La pandemia no ha detenido la explotación, simplemente la ha escondido un poco más”, reitera. La ONG de Massé ha comprobado esta realidad porque, mientras duró el encierro domiciliario –los meses de marzo, abril y mayo de 2020–, tuvieron que contactar con estas mujeres que antes encontraban en las carreteras o en los clubs buscándolas a través de los anuncios de internet. Así lograron hablar con 310. Actualmente, varias de ellas han regresado a los andenes. La explotación laboral y para delinquir El Código Penal regula el delito de trata de personas en el artículo 117 bis y detalla que debe acreditarse que ha habido una captación en el país de origen –a través de violencia, coacción o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad– y traslado a España con la finalidad de explotar a la víctima laboralmente, sexualmente, obligarla a cometer delitos, vender sus órganos o someterla a un matrimonio forzado. Los dos últimos casos son los más excepcionales. Y el más corriente es el de la esclavitud sexual. Sin embargo, la trata para explotar laboralmente –en centros de estética, badulaques, recogiendo fruta, la construcción o vendiendo latas– o cometer delitos ha aumentado. En ambos casos, además, también ha crecido la proporción de hombres traficados. La Conselleria d’Interior ha firmado un convenio con la Fundación APIP-ACAM que, en palabras de Massé, “visibilizará la colaboración habitual entre estas ONG y cuerpos policiales como los Mossos –así lo ordena la directiva europea– y ayudará a que el ciudadano comprenda que la trata puede darse en cualquier sitio, en cualquier población catalana. Será una manera de fijar procedimientos y mejorar la coordinación entre policía, administraciones y la ONG”. "La pandemia ha generado situaciones de más violencia. Como administraciones nos sentimos interpelados y, para afrontar este reto, la tarea policial debe ir ligada a la colaboración directa con entidades sociales y del tercer sector", defiende por su parte el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena. El acuerdo también tratará de resolver un problema histórico que denuncian también otras organizaciones como Sicar, el de qué hacer con los hombres traficados. Que hayan sido siempre más las mujeres con las que se ha comerciado ha provocado que existan asociaciones que las cobijan y las acompañan a ellas pero en julio de 2021 sigue sin existir ninguna que también esté preparada para atender a hombres, como los que los Mossos liberaron en el reciente Caso Long de un cautiverio salvaje en plantaciones de marihuana. Una anomalía que Rosa Cendón, coordinadora del área de relaciones institucionales de Sicar, denuncia como Massé desde hace años. A raíz de este último, los Mossos avisan asimismo de que el boom cannábico que vive Catalunya puede convertir en algo cada vez más frecuente la trata de personas con la finalidad de delinquir en plantaciones de marihuana. En el 2019, subraya Salleras, la policía catalana rescató a una persona forzada a trabajar en un vivero. En el 2020, ya fueron tres. Este 2021, solo en la citada operación Long, han sido diez los ciudadanos chinos que vivían en un grado de aislamiento tan grotesco que ni siquiera sabían, al ser liberados, por qué el resto de personas que los rodeaban llevaban mascarilla. La salida del infierno Massé explica que, por su experiencia, la mayoría de las víctimas liberadas desea seguir en España. “Siempre huyen de una situación de vulnerabilidad que no desaparece al ser rescatadas, la necesidad de buscar un futuro mejor sigue ahí”, reflexiona. Antes solo podían quedarse si denunciaban a sus captores, ahora este paso ya no es necesario porque la directiva europea obliga a los Estados a procurar a estas víctimas –“a las que deberíamos tratar de supervivientes”, remarca Massé– un techo y acompañamiento psicológico y jurídico. Aunque las administraciones como la Generalitat cumplieran todos estas obligaciones dotando de recursos a las ONG –que no las cumplen– seguiría resultando difícil integrarlas plenamente. Para lograrlo habría que implicar a buena parte de la sociedad, para que les dieran un trabajo, por ejemplo. Sin esa ayuda lo tienen “muy difícil”. Porque topan con barreras idiomáticas o culturales abismales –como las que separan España de China– y, sobre todo, porque acaban de salir del infierno. “La trata es el delito más inhumano, el que consiste en convertir a las personas en objetos con los que comerciar”, concluye Salleras.

La pandemia ha agravado el infierno de las esclavas sexuales

Las restricciones sociales han recluido a las mujeres explotadas en pisos clandestinos que las han dejado más expuestas a los abusos

La Conselleria d'Interior y la ONG APIP-ACAM firman un convenio para mejor la integración de las víctimas liberadas de las redes de comercio humano

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