La ocupación ilegal de viviendas en Catalunya, y en el resto de España, se ha convertido en un fenómeno social que cristaliza en formas diversas, casi opuestas. No es lo mismo una familia que allana un piso vacío para procurarse un hogar que un colectivo que se instala en espacios abandonados motivado por convicciones ideológicas, o que una banda que pervierte la inviolabilidad de los domicilios para llevar a cabo en su interior actividades delincuenciales. Los datos recabados por los Mossos d’Esquadra, a los cuales ha tenido acceso EL PERIÓDICO, radiografían un conflicto poliédrico cuya intensidad se ha multiplicado en los últimos años. En 2016, los agentes intervenían solo en uno de cada diez desahucios y actualmente lo hacen en uno de cada dos. La crisis habitacional remite a una sociedad fragmentada por el reparto desigual de los bienes inmobiliarios tras años de mercadeo con la vivienda.