El tercer sector alerta del coste social del déficit de vivienda: “Es un determinante directo de la salud pública”

Durante años, el debate hegemónico sobre la vivienda se ha centrado en los precios, la oferta y la inversión. Pero cada vez son más las voces que reclaman ampliar el foco para entender la vivienda no solo como un derecho social, sino también como un determinante de salud pública, con consecuencias económicas, psicológicas y comunitarias. En Catalunya, uno de los actores más reivindicativos en este asunto son las entidades sociales que, este lunes, con motivo del Día Mundial del Hábitat 2025, se han reunido en la jornada organizada por Cohabitac para abordar los impactos y costes del déficit de vivienda.

La presidenta de la coordinadora, Carme Trilla, conversó con EL PERIÓDICO y reivindicó el papel del tercer sector como actor esencial en la gestión del parque social; un proceso que nace en la promoción sin ánimo de lucro, pero puede terminar en el acompañamiento intensivo de personas en situación de vulnerabilidad. Defiende que se reconozca jurídicamente la figura de los proveedores sociales de vivienda, inspirada en las entidades sin ánimo de lucro que gestionan vivienda asequible (las housing associations europeas, en inglés) y que, según explica, podrían tener “una cobertura fiscal y financiera suficiente para multiplicarse” si existiera un marco regulador propio. “En España somos muy pocos y vamos todos endeudados al límite. Queremos crecer, pero necesitamos un trato fiscal justo, acceso directo al suelo público y un IVA reducido del 4% para poder trabajar con más comodidad”, resume Trilla.

En materia política, subraya que, aunque las administraciones han empezado a reaccionar —con el Plan Estatal de Vivienda o el programa de 50.000 pisos de la Generalitat—, el problema “sigue siendo enorme” y los recursos disponibles son claramente insuficientes. “No tener presupuestos es una bomba contra la política de vivienda”, advierte, criticando la falta de consenso en esta materia. “Todo lo que está escrito en los planes está muy bien, pero si no hay dinero detrás, no sirve de nada.” Por ello, insiste en que el compromiso político debe traducirse en financiación real y estable.

Los costes invisibles del déficit habitacional

Más allá del papel de estas entidades, la jornada quiso reivindicar el impacto que tiene la falta de una vivienda digna, segura y estable en la salud física y mental de las personas. Los ponentes coincidieron en que la vivienda sigue sin ser considerada plenamente una política de bienestar, lo que provoca que las respuestas públicas sean a menudo fragmentadas, reactivas o insuficientes. “El acceso a una vivienda no puede seguir tratándose como un tema colateral: es un determinante directo de la salud pública”, resumió Andreu Segura Benedicto, excoordinador del Plan Interdepartamental de Salud en Todas las Políticas de la Generalitat de Catalunya.

La gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Carme Borrell i Thió, recordó que la preocupación por el vínculo entre vivienda y salud nació en 2008, cuando la ola de desahucios tras la crisis financiera reveló el daño físico y emocional que provoca la pérdida del hogar. “Allí vimos que perder la casa es perderlo todo”, afirmó. Desde entonces, explicó, se ha trabajado en definir un marco conceptual que reconozca que la inseguridad residencial se relaciona con otras pobrezas —sanitaria, educativa, económica y social— y que vivir en un entorno inadecuado afecta directamente a la salud colectiva.

Porque tal y como mencionó la presidenta de la Coordinadora de Comunidades Terapéuticas, Maite Tudela Marí, existe un vínculo estrecho entre sinhogarismo, drogodependencias y salud mental, que pone de manifiesto cómo las personas sin hogar presentan mayor consumo de drogas y padecen más trastornos psiquiátricos, en un círculo de exclusión difícil de romper. “La vivienda debe entenderse como un elemento terapéutico esencial, un punto de partida para la recuperación emocional y social”, destacó.

Por su parte, el economista Guillem López Casasnovas, director del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES-UPF), insistió en que la falta de vivienda digna genera costes que terminan asumiendo los sistemas sanitarios. “Invertir en vivienda reduce la carga sanitaria a largo plazo”, subrayó. Reclamó políticas transversales y una gestión más eficiente de los fondos sociales, que prioricen ámbitos como la salud mental, una de las áreas más golpeadas por la inseguridad residencial.