El 50% de los trabajadores sociales y el 30% de los educadores sociales sufren violencia o acoso en el trabajo

El 50% de los trabajadores sociales han sufrido violencia verbal, amenazas, violencia física o acoso en su lugar de trabajo, mientras que el 29,9% de los educadores sociales también han sido víctimas de violencia o acoso durante su ejercicio laboral. Estos son algunos de los datos que arrojan las dos encuestas sobre el estado de sus respectivas profesiones que este jueves han presentado el Col·legi de Treball Social de Catalunya y el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials, precisamente un mes después de la muerte de Belén Cortés, la trabajadora social que fue asesinada en su lugar de trabajo en Badajoz. Los informes también apuntan a que los bajos sueldos y la precariedad del sector están abocando a muchos profesionales a renunciar a este empleo, al tiempo que reclaman a las administraciones que dignifiquen esta profesión.

Centros de menores tutelados, residencias de la tercera edad, centros para personas con discapacidad o sin hogar, centros de servicios sociales, hospitales, escuelas... los trabajadores y los educadores sociales son la cara visible del tercer pilar del Estado de bienestar, a parte de la sanidad y la educación. Pero, a diferencia de estos dos sectores, en los servicios sociales, la mayoría de servicios públicos los gestionan empresas o entidades sociales subcontratadas por la administración. De hecho, la brecha salarial respecto a los profesionales de la salud o la educación es del 20%. "Es una de las profesionales de atención a las personas peor pagada", sentencia Eva Maria Massot, autora del cuarto barómetro del CEESC.

Precariedad laboral y agresiones

Según el CEESC, que ha encuestado a 1.200 educadores sociales, el 61% de ellos trabaja en una entidad privada, y uno de cada tres ha dejado el tercer sector para trabajar para la administración. El año pasado, 235 educadores sociales dejaron de estar colegiados. La mitad lo hicieron porque habían dejado la profesión. "Estamos viendo un abandono de la profesión, los profesionales no pueden vivir en condiciones, ni trabajar como querrían, ni atender a las personas como desearían... Y, además, la precarización es tan elevada que muchas personas lo dejan para poderse jubilar, hay profesionales que están peor que los usuarios que atienden", explica Albert Font, vicepresidente del CEESC. El 10% de los encuestados cobra el salario mínimo o menos, mientras que el 36% mantiene que, si pudiera volver atrás, no se dedicaría a esta profesión. En el caso de los trabajadores sociales –la encuesta incluye a más de 2.000 profesionales–, el 52% de quienes abandonan la profesión lo han hecho por los salarios. "Necesitamos una equiparación salarial que nos iguale al sector educativo y sanitario", reclama Conchita Peña, decana del Col·legio de Trabajo Social

Más allá del salario, la encuesta arroja datos especialmente graves sobre violencia o maltrato. De hecho, el 29% de los educadores encuestados ha vivido violencia o acoso. De estos, el 11,3% ha sufrido discriminación; el 27,8%, agresiones verbales, rumores o aislamiento social en el trabajo, y el 25%, conductas violentas. En el caso de los trabajadores sociales, el 23% asegura haber sufrido agresiones verbales; el 15% ha sido víctima de conductas violentas o amenazas de violencia física; el 9% ha sido agredido por los usuarios a los que atiende y el 0,3% por sus jefes, mientras que el 1,8% denuncia acoso sexual. "Somos una profesión de riesgo, atendemos a personas que cruzan líneas rojas, viven momentos difíciles y pueden perder los papeles. Debemos visualizar que estamos en riesgo por la contención emocional que realizamos, que cuesta visualizar y que incluso nosotros normalizamos, para que se nos valore, respete y proteja", insiste Peña.

Sin protocolos

De hecho, el 65% de los educadores agredidos afirman que no se aplicó ninguna medida al respecto tras su agresión, o que desconocen si se hizo. Además, solo en el 8% de los casos se aplicaron respuestas psicosociales. "Hay una cobertura insuficiente tanto en la evaluación como en la formación y la aplicación de medidas correctoras de los riesgos laborales. Hay mucho recorrido para mejorar", indica Massot. La mitad ni siquiera conoce si hay protocolos en su servicio o entidad. Font apunta directamente a la administración: "Nosotros trabajamos en los servicios públicos de los ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones o la Generalitat. Con estos servicios públicos externalizados y pagando estas cantidades es imposible garantizar una calidad digna: así no podemos sostener el Estado del bienestar".