La Fiscalía pide cuatro años y diez meses de prisión y una multa de 3.600 euros para cuatro guardias civiles destinados a Mollet del Vallès por encubrir a una banda especializada en robos a vehículos con matrícula extranjera en la AP7. La Audiencia de Barcelona juzga a los agentes por presuntamente colaborar entre junio y diciembre de 2011 con una banda que supuestamente se dedicaba a saquear vehículos en las autopistas de la periferia de Barcelona, por lo que el ministerio público pide para ellos penas de hasta 36 años y medio de prisión.

Según la Fiscalía, los presuntos ladrones lanzaban piedras contra el vehículo escogido, provocando el temor del conductor a sufrir un accidente y obligándole a reducir la velocidad para después, aprovechando el desconcierto, indicarle que tenía problemas y que parasen en el arcén. Una vez estacionados, uno de los miembros de la banda bajaba acompañando al conductor y otro aprovechaba para apoderarse de los bolsos y objetos que transportaban las víctimas en el interior del vehículo.

Además, si las víctimas no caían en su trampa, los acusados intentaban cerrarles el paso y arrojarlos al arcén, según el Ministerio Público que añade que en seis meses, la banda alcanzó una "absoluta profesionalización", ya que planificaban los robos a la perfección, obtenían coches de alta gama, sustituían matrículas originales, ocultaban y vigilaban los vehículos sustraídos.

Para actuar sin consecuencias, el discal mantiene que la banda contaba con la colaboración de cuatro miembros del Grupo Operativo de Autopistas de la Guardia Civil, con base en Mollet del Vallès (Barcelona), que conocían la actividad delictiva y garantizaban la impunidad del grupo. Según la fiscal, los agentes no solo conocían los hechos y no los investigaron, sino que participaban en la actividad criminal y estaban "integrados en la banda", por lo que impidieron activamente la acción de los otros cuerpos policiales.

Uno de los agentes acusados, que era el interlocutor con la banda, recibía por teléfono peticiones de auxilio del cabecilla del grupo para evitar ser detenido y, tanto si estaba de servicio como si no, lo comunicaba al resto del equipo, coordinaba la recogida de los vehículos sustraídos y escondía las pruebas. Según el escrito de acusación, los guardias civiles recogían los vehículos sustraídos y garantizaban que no hubiese huellas que pudiesen vincular a los asaltantes con los hechos, además de falsificar los atestados policiales para encubrir la procedencia de los turismos.

A los agentes implicados la Fiscalía les atribuye un delito de pertenencia como miembro base a organización criminal, otro de omisión del deber de perseguir delito y un tercero continuado de falsedad en documento oficial, por los que pide hasta cuatro años y diez meses de cárcel y cuatro años y dos meses de inhabilitación y suspensión de empleo.

Los guardias civiles implicados afrontan once meses de prisión por el delito de pertenencia a organización criminal y tres años y medio por el continuado de falsedad en documento oficial, además del pago de 3.600 euros de multa y la inhabilitación de empleo por tres años y nueve meses.

Por el delito de omisión del deber de perseguir delitos, la fiscal solicita cinco meses de suspensión de empleo. Para los otros integrantes de la banda que participaban activamente en los robos con violencia, la Fiscalía solicita hasta 36 años y medio de cárcel.

El fiscal les acusa de más de una veintena de delitos entre los que se encuentran pertenencia a organización criminal, delito continuado de robo de uso de vehículo de motor, varios delitos de robo con violencia e intimidación, delitos de lesiones, hurtos agravados y falsedad documental.