La Fiscalía pide cuatro años y diez meses de prisión y una multa de 3.600 euros para cuatro agentes de la Guardia Civil a quienes juzga la Audiencia de Barcelona, acusados de encubrir a una banda especializada en robos a vehículos con matrícula extranjera en la AP7.
A los procesados, que se sientan en el banquillo en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona, el ministerio publico les acusa de colaborar entre junio y diciembre de 2011 con una banda que supuestamente se dedicaba a saquear vehículos en las autopistas de la periferia de Barcelona y para quienes pide penas de hasta 36 años y medio de prisión.
Piedras contra el vehículo
Según la Fiscalía, los presuntos ladrones lanzaban piedras contra el vehículo escogido, provocando el temor del conductor a sufrir un accidente y obligándole a reducir la velocidad para después, aprovechando el desconcierto, indicarle que tenía problemas y que parasen en el arcén.
Una vez estacionados, uno de los miembros de la banda bajaba acompañando al conductor y otro aprovechaba para apoderarse de los bolsos y objetos que transportaban las víctimas en el interior del vehículo. Además, si las víctimas no caían en su trampa, los acusados intentaban cerrarles el paso y arrojarlos al arcén.
"Abosluta profesionalización"
Según la Fiscalía, en los seis meses de actuación la banda alcanzó una "absoluta profesionalización", ya que planificaban los robos a la perfección, obtenían coches de alta gama, sustituían matrículas originales y ocultaban y vigilaban los vehículos sustraídos.
Para actuar sin consecuencias, el ministerio público mantiene que la banda contaba con la colaboración de cuatro miembros del Grupo Operativo de Autopistas de la Guardia Civil, con base en Mollet del Vallès (Barcelona), que conocían la actividad delictiva y garantizaban la impunidad del grupo. Según la fiscal, los agentes no solo conocían los hechos y no los investigaron, sino que participaban en la actividad criminal y estaban "integrados en la banda", por lo que impidieron activamente la acción de los otros cuerpos policiales.
Interlocución y coordinación
Uno de los acusados, que era el interlocutor con la banda, recibía por teléfono peticiones de auxilio del cabecilla del grupo para evitar ser detenido y, tanto si estaba de servicio como si no, lo comunicaba al resto del equipo y coordinaba al resto para recoger los vehículos sustraídos y esconder las pruebas.
Según el escrito de acusación, los guardias civiles recogían los vehículos sustraídos y garantizaban que no hubiese huellas que pudiesen vincular a los asaltantes con los hechos, además de falsificar los atestados policiales para encubrir la procedencia de los turismos.
Inhabilitación
A los agentes implicados la Fiscalía les atribuye un delito de pertenencia como miembro base a organización criminal, un delito de omisión del deber de perseguir delito y un delito continuado de falsedad en documento oficial, por los que pide hasta cuatro años y diez meses de cárcel y cuatro años y dos meses de inhabilitación y suspensión de empleo.
Los guardias civiles implicados afrontan 11 meses de prisión por el delito de pertenencia a organización criminal y tres años y medio por el delito continuado de falsedad en documento oficial, además del pago de 3.600 euros de multa y la inhabilitación de empleo por tres años y nueve meses.
Integrantes de la banda
Por el delito de omisión del deber de perseguir delitos, la fiscal solicita cinco meses de suspensión de empleo. Para los otros integrantes de la banda que participaban activamente en los robos con violencia, la Fiscalía solicita hasta 36 años y medio de cárcel.
El ministerio público les acusa de más de una veintena de delitos entre los que se encuentran pertenencia a organización criminal, delito continuado de robo de uso de vehículo de motor, varios delitos de robo con violencia e intimidación, delitos de lesiones, hurtos agravados y falsedad documental.
El escrito de la fiscal mantiene que los supuestos ladrones iban a bordo de vehículos de alta gama y buscaban turismos con matrícula extranjera para garantizar un botín y dinero en efectivo, además de asegurar la impunidad porque al residir en países extranjeros el proceso de denuncia y persecución por los tribunales españoles era más difícil.