La Generalitat indemnizará a una mujer por un accidente con un jabalí en Campllong

El juzgado Contencioso-Administrativo de Girona 2 ha condenado a la Generalitat a pagar 8.441,05 euros a una mujer que sufrió un accidente en Campllong sobre las nueve y media de la noche del 15 de noviembre de 2021 por la irrupción de un jabalí en la carretera. La Administración deberá indemnizar a la perjudicada por las secuelas del siniestro y todos los gastos médicos que no cubre la aseguradora del vehículo, según informa Diari de Girona, del grupo Prensa Ibérica. La sentencia, que es firme y no se puede recurrir, resuelve que el tramo donde tuvo lugar el accidente, el kilómetro 243 de la C-25 en dirección Cassà de la Selva, existe una concentración alta de accidentes, y es responsabilidad de la Administración responder de este siniestro porque no existía la señalización (P-24) de que alertara del riesgo de animales salvajes que pueden atravesar la vía. Por su parte, la Administración alegó que el tramo no estaba señalizado porque se trata de una carretera convencional y, por tanto, no existe la obligación de realizar ningún cierre con vallas. Tampoco contemplaba que el tramo donde ocurrió el incidente fuera de alta siniestralidad, ya que el estudio en el que se basan no lo contemplaba. Según esta documentación se había analizado la concentración de accidentes entre 2015 y 2019, y tenía vigencia hasta diciembre de 2022. Sin embargo, la defensa, representada por el despacho Rigau&Jiménez presentó un informe del Servei Català de Trànsit que analizaba los accidentes ocurridos en este tramo entre enero de 2020 hasta junio de 2022. La defensa entendía que durante los primeros meses de confinamente por la pandemia de covid-19 había habido una irrupción de animales por la caída de las redadas de jabalí. Los resultados indicaban que el accidente de la perjudicada sumaba el quinto siniestro, la cifra necesaria para considerar un tramo de alta siniestralidad. De hecho, en julio de 2022 la Administración instaló la señal de peligro por irrupción de animales entre los puntos kilométricos 242 y 244 en esta vía. Por eso, el juez entiende que la Administración debe responder del daño, y tiene dos meses para pagar la indemnización. Si no lo hacen durante este plazo, la perjudicada puede iniciar un proceso para ejecutar la sentencia, que podría alargarse aún más. El abogado que ha llevado el caso, Joaquim Jiménez, explica que antes de ir a juicio interpuso una reclamación administrativa para tener acceso a los accidentes con animales salvajes ocurridos pero le desestimaron alegando que ya había un cómputo de accidentalidad. Por último, pusieron la demanda en los juzgados en el 2022 sin tener ninguna respuesta de la administración ante la petición de indemnización. La resolución judicial no impone el pago de las costas a la Generalitat y las ha declarado de oficio, algo que provoca quejas de los abogados que se dedican a litigar contra la administración porque entienden que se trata de una «lucha desigual» y que obligan al ciudadano a acudir a la vía judicial haciéndole gastar recursos al interesado ya la propia Administración. De hecho, en la jurisdicción contencioso-administrativa, existe un límite en la interposición de costas, concretamente de un tercio de la cuantía que se reclama, lo que no ocurre en la jurisdicción civil, donde el juez puede imponer la totalidad de las gastos a una parte.

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El juez considera a la Administración responsable porque en el lugar del siniestro, en la C-25, no existía señal que alertara del riesgo de animales salvajes en la carretera

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