La nueva política migratoria de la Unión Europea tiene una cara y una cruz para Canarias. El Pacto de Migración y Asilo, aprobado el pasado miércoles en el pleno del Parlamento Europeo, previsiblemente complicará la gestión de las llegadas irregulares al Archipiélago, pues una de las normas que recibió el visto bueno de la Eurocámara establece que los migrantes deberán permanecer hasta siete días en dependencias policiales para poder ficharlos y, así, generar una base de datos, denominada Eurodac, previa a la deportación. En picos de llegadas como el vivido en la última semana de enero de este año, cuando arribaron a las Islas más de 2.500 personas, y con los recursos de que se dispone actualmente, este nuevo trámite fronterizo podría suponer el colapso de la administración. En el otro lado de la balanza está el reglamento de crisis, negociado por el eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar (PSOE), que permitirá activar un mecanismo de solidaridad especial para acelerar el reparto de los recién llegados entre los Veintisiete. Una medida que permitirá aliviar la presión migratoria que se registra en el Archipiélago desde el pasado verano.