La Fiscalía Provincial de Barcelona, en coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha recurrido en apelación la inadmisión por el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona de una querella por crímenes contra la humanidad y torturas sufridas por dos hermanos gemelos en la comisaría de Via Laietana de Barcelona cuando estuvieron detenidos entre abril y mayo de 1971.
Pepu y Maribel Ferrándiz tenían 17 años cuando fueron detenidos por militar en la Joven Guardia Roja. Estuvieron 32 días en la comisaría y en su querella aseguran que recibieron agresiones físicas y psicológicas durante los interrogatorios. Por eso, acusaron al comisario jefe en el momento de los hechos, así como a un inspector jefe y dos agentes adscritos a la Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.
La querella remarcaba que la detención de los hermanos fue "por motivos políticos en un contexto de persecución" contra "todas las personas que se consideraban contrarias al régimen dictatorial impuesto por Francisco Franco". Sin embargo, el juzgado consideró que los hechos denunciados se amparan en la ley de amnistía de 1977 y por eso no se deben investigar.
Pese a esto, la fiscalía ha recurrido la decisión judicial ante la Audiencia de Barcelona pidiendo que se investiguen las posibles torturas. Según el Ministerio Público "la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, así como la correlativa obligación del Estado de investigar desde el ámbito de la justicia".
Por eso, los fiscales han señalado que "el archivo resulta prematuro", ya que con la normativa de Memoria Democrática "no cabe el rechazo de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto para poder adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento".
Por eso, la fiscalía ha destacado que se debe aplicar "el derecho a la justicia integradora de una interpretación con enfoque de derechos humanos y respetuosa con los principios vertebradores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Tratados y Convenios sobre la materia, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución".