Al otro lado del teléfono hay voces que gritan en voz baja. Con rabia, con pena. Y miedo. “Estamos con el sobón a bordo”; o un “¿cómo vamos a evitar verlo si estamos dentro de un barco?”; o este otro: “No se nos escucha, no se hace seguimiento de lo que denunciamos”. Voces, todas ellas, desde dentro de la agencia pública investigadora por excelencia de España: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Donde trabajaba Carmen Fernández, canguesa de 43 años, desaparecida a bordo del oceanográfico García del Cid en la madrugada del pasado 10 de septiembre. El barco al que imploró no volver, donde había sufrido –como denunció judicialmente– una agresión sexual. La institución, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, nunca atendió a su petición. Tuvieron que pasar seis meses para recibir una escueta explicación oficial, como avanzó Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica: que el García del Cid tiene un convenio laboral propio –es del año 2012– que no contempla la posibilidad de cambio de centro de trabajo. Carmen, madre de tres hijos, solo aguantó seis días dentro del buque “donde me acosaron. Nadie hace nada. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho”.