Inspecciones "deficientes" y hospitalización "desigual": el informe final del Parlament sobre el covid en las residencias señala errores pero no culpables

En los meses de marzo y abril de 2020, en plena pandemia de covid, 3.896 ancianos que vivían en residencias catalanas murieron de coronavirus. Sólo el 29% de estas personas fue trasladada a un hospital, donde terminaron muriendo. En total, en Catalunya fallecieron 8.000 residentes por covid. ¿Se vulneraron los derechos humanos? ¿Se desatendió a los enfermos? Son las respuestas que debía responder la primera comisión parlamentaria sobre el asunto creada en toda España, que este miércoles presenta sus conclusiones. En ellas, no señala culpables ni ve responsabilidades concretas en el drama de las residencias durante la pandemia, pero sí muchos errores. El acuerdo parlamentario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que se aprobará con los votos de ERC, PSC y Junts, destaca que faltaron medios y personal, que reinaba el desconocimiento sanitario y la descoordinación, que las inspecciones fueron deficientes y que se hospitalizó a los enfermos de forma "desigual". Un documento que ha enervado a las asociaciones de familiares que lo consideran aguado y rebajado. Tenía que ser una comisión de investigación que luego terminó siendo un grupo de trabajo. Pero el Parlament es la primera institución política en toda España que ha querido esclarecer qué ocurrió en las residencias durante la pandemia. Después de 40 comparecencias presenciales y 48 por escrito, 10 sesiones de trabjo y 23 peticiones de documentación, cada grupo parlamentario ha extraído sus conclusiones, a excepción de PP, VOX y Ciudadanos que no las han presentado. Los comuns elaboraron un documento que no se ajustaba a los requisitos formales. El resto de partidos terminaron votando en comisión, y a puerta cerrada, las conclusiones definitivas a las que ha tenido acceso este diario. Desconocimiento sanitario El texto del Parlament sí deja claro que la atención médica dentro de las residencias dejó mucho que desear a pesar de tratarse de enfermos muy complejos. Afirma que en los geriátricos había "desconocimiento sanitario" y "carencia de recursos asistenciales", porque el sistema sanitario iba por un lado y el residencial por otro. Pero a la hora de hablar de los traslados hospitalarios, defienden el protocolo del Sistema d'Emergències Médiques que limitaba el esfuerzo terapéutico a los mayores: "Las decisiones se tomaron siguiendo criterios médicos". Aún así, el texto señala que el acceso a los centros hospitalarios por parte de los residentes fue "desigual", debido a "la tensión del sistema sanitario" y a "la falta de coordinación". Las enmiendas de la CUP y los Comuns denunciaban que los responsables sanitarios vulneraron el derecho a la salud de los residentes evitando su paso por los hospitales. Recogían así las impresiones de la oenegé Médicos Sin Fronteras, que vivió de primera mano lo que ocurría en las residencias. Pero el resto de grupos parlamentarios no aceptaron esta lectura y han quedado fuera del texto definitivo. Tampoco recoge el documento final la petición de CUP y Comuns de aumentar los centros de gestión 100% pública (suponen menos del 1%) en detrimento de los de gestión privada. De hecho, el acuerdo final sostiene que no hubo diferencias de mortalidad en función de la titularidad de las plazas. Considera, además, que hay que fomentar la colaboración público-privada del sector, aumentando su financiación. Primera respuesta improvisada "La fase inicial de la pandemia estuvo marcada por la falta de medios" empieza el documento que también destaca que en los primeros momentos se "improvisaron respuestas para afrontar la situación". "En los primeros días no había instrucciones para los centros residenciales", y cuando las hubo, los centros recibieron una "avalancha" que era "imposible de asumir". "Muchos de los errores cometidos fueron consecuencia de no disponer de estructuras preparadas y protocolos claros", explica el documento, que también insiste en el desconocimento científico del covid durante los primeros meses. Las conclusiones parlamentarias no recuerdan que los EPIS llegaron a los geriátricos catalanes con un mes de retraso ni tampoco estudia el plan de las residencias 'buffer' para aislar los enfermos que costó 8 millones de euros y donde el 80% de las camas no se usaron. Sí insisten en que no había forma de hacer pruebas diagnósticas para saber quién tenía el virus y quién no, y que muchos de los enfermos tampoco tenían síntomas, por lo que los aislamientos eran imposibles en un primer momento. El diseño y estuctura arquitectónica de la mayoría de los centros, de tipo hospitalario con alta densidad de personas, añaden, favoreció la transmisión. Según el texto parlamentario, la única vulneración de derechos que se ha detectado en toda la crisis pandémica fue la falta de información. "Algunas residencias vulneraron el derecho de los familiares a la información sobre el estado de salud y evolución de los residentes", establece el documento. También señala que la medida de confinar a los ancianos en sus habitaciones para frenar la propagación del virus tuvo importantes secuelas físicas y emocionales. "A menudo no entendían qué pasaba y se vieron privados del contacto personal". El capítulo más contundente es el que atañe a los empleados de los geriátricos. "La falta de personal para atender a todos los residentes, además de la precarización y los bajos salarios, ha sido el detonante de la situación crítica vivida en los centros residenciales". Falta formación, los sueldos son demasiado bajos, las jornadas laborales excesivamente largas, el absentismo recurrente y la ratio de personal está desfasada. "Es contradictorio querer reconocer al sector residencial como esencial al mismo tiempo que hay una precariedad sistémica que los gobiernos han mantenido en la última década", admite el texto. De hecho, recuerda que la medida de la Generalitat para suplir las bajas de personal durante la pandemia fue "poco efectiva" dado que los 400 voluntarios no estaban suficientemente formados ni tenían disponibilidad. Inspecciones deficientes Otro de los reveses al Govern en estas conclusiones guarda relación con el servicio de inspección de la Generalitat, que "solo" cuenta con 29 inspectores. El texto del Parlament afirma que las inspecciones son "deficientes" porque raramente actúan de oficio y que ello "invisibiliza las vulneraciones de derechos que sufren las personas" que viven en estas instituciones. En concreto, el texto señala que los inspectores "aumentaban la confusión" y "daban órdenes contradictorias". Mejoras de futuro El documento plantea una serie de mejoras a aplicar en el futuro para evitar que vuelva a suceder. La clave, según el texto, es la atención sanitaria social integrada, donde los médicos de la atención primaria se hagan cargo de los pacientes de las residencias, una medida que el Govern ha puesto ya en marcha. "La atención médica de los centros residenciales debe dejar de ser privada y se debe prestar desde el sistema público de salud", señala el documento. También pide un cambio "urgente" de las ratios de atención con un aumento de profesionales de atención directa, más formación y mejores salarios. El refuerzo de personal también se propone en la plantilla de inspectores, que debe ser más transparente y publicar el resultado de sus visitas en cada geriátrico. Finalmente, el texto también recuerda la infrafinanciación del sector geriátrico por parte del Gobierno central. El Govern aporta un 80% de los fondos cuando el reparto debería ser equitativo, al 50%. Los ponentes advierten también de que se debería duplicar la inversión actual para asemejarnos a los países del entorno.

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