Los ayuntamientos catalanes no han logrado hacer cumplir las restricciones por sequía el último año

Desde que empezaron las restricciones, la consigna del Govern ha sido inequívoca: los ayuntamientos son quienes deben regular que los usuarios cumplan con las medidas impuestas. Así fue cuando se declaró la excepcionalidad en el sistema Ter-Llobregat y así seguirá siendo cuando los municipios abastecidos por estos dos ríos entren en emergencia. El Govern les trasladó esa responsabilidad para la que, dicen, no tienen ni suficientes policías ni ven clara la fórmula de imponer sanciones ¿Pero ha sido eficaz delegar esta responsabilidad a los ayuntamientos? ¿Tienen las herramientas suficientes como para controlar que todo el mundo obedece? Los datos muestran que no. O al menos, no de forma suficiente. Varios municipios cumplen a día de hoy con las dotaciones máximas permitidas. Pero otros, tanto en el sistema Ter-Llobregat, que entrará en emergencia en breve, como en las unidades que ya están en emergencia, siguen sin lograrlo. Y en buena parte, lo reconoce la Agència Catalana de l'Aigua, es porque aún no han podido resolver fallos en la eficiencia de sus sistemas de distribución. Es decir, los municipios, por un lado, han tenido la responsabilidad de mejorar su eficiencia y evitar dispendios de agua. Pero a la vez, deben encargarse de vigilar que sus vecinos no se pasan de la raya. ¿Lo han conseguido? Pese a muchos esfuerzos, algunos de los consistorios consultados reconocen que no. "Nos genera impotencia ver que se ha trasladado la responsabilidad a los municipios" Eduard Rivas, Federació Catalana de Municipis "Las ordenanzas municipales de sequía son el instrumento que nos permite perseguir actitudes insolidarias o intentar hacer cumplir con las normas. Pero muchas de estas ordenanzas, justo se están aprobando estos días", explica Eduard Rivas, presidente de la Federació Catalana de Municipis. Rivas no entiende la estrategia seguida hasta la fecha: "Se ha trasladado todo el peso del Plan Especial de Sequía a los municipios. Y esto nos genera una gran impotencia". El caso de Begur Las variables a controlar que quedan en manos de los ayuntamientos son diversas: llenado de piscinas, riego irregular de jardines y consumos desorbitados. Un caso paradigmatico es el de Begur (Baix Empordà). El consistorio, liderado por la alcaldesa Maite Selva, ha enviado sanciones a los vecinos que han seguido regando su jardín. De hecho, los dirigentes de Acció Climàtica han puesto a menudo el caso de Begur como ejemplo de que los municipios pueden hacer bien su trabajo. Los municipios aducen que no tienen capacidad para controlar el cumplimiento de las restricciones: "En muchos pueblos, la cifra de policías es limitada" Sin embargo, según los últimos datos disponibles, Begur sigue consumiendo más de 400 litros por habitante y día. Esto es casi el doble de lo permitido. Rivas entiende que la competencia de vigilar recaiga en los ayuntamientos, porque son el ente más cercano al ciudadano. Pero al mismo tiempo, afirma que muchos de ellos no tienen capacidad para controlar todo esto: "En muchos pueblos, la cantidad de policía local es limitada". "Debemos poder multar a los vecinos que han regado zonas verdes o que han llenado piscinas cuando no se podía, pero aún no tenemos la fórmula clara", dice Rivas. La ACA dispone de unos 30 inspectores y en breve se añadirán 11 personas más para comprobar que se cumple con las medidas. Pero estos trabajadores se centran en lo que afecta directamente a los ríos o los acuíferos. El resto queda en manos de los consistorios. Desde la ACA, destacan que cuando se active el Procicat (plan de emergencias de Protección Civil), en plena emergencia por sequía, los agentes rurales y los Mossos se podrán dedicar a detectar incumplimientos. La ACA tendrá 41 inspectores pero se dedicarán a ríos y acuíferos Desde la Federació de Municipis, critican que los municipios estén recibiendo multas de la ACA. "Deberíamos tener a los técnicos centrados en terminar las ordenanzas y estudiar cómo hacer cumplir. En cambio, los tenemos presentando alegaciones a las multas que nos envían por consumir más de la cuenta", denuncia la entidad. ¿Y por qué gastan más agua de la indicada? En cientos de casos, porque las redes de distribución son antiguas y llevan años sin mantenimiento, lo que provoca poca eficiencia y muchas pérdidas. "Lo que tiene que hacer la ACA es resolver ya las subvenciones para que podamos empezar las obras que resuelvan estos problemas, en lugar de enviarnos multas", opina Rivas. "Estamos alegando constantemente, argumentando por qué no nos deben multar y mostrando los esfuerzos hechos, aunque no se traduzcan en datos. De hecho, hemos tenido que redactar una escrito de alegación común que les sirva al resto de consistorios", añade. Begur, por ejemplo, ha recibido ya multas de 50.000 euros. Pide que se supere el bucle de la búsqueda de culpables. "Lo que debemos hacer es intentar lograr un pacto del ciclo del agua. De hecho, dos. Uno en el Parlament y otro en las administraciones locales", considera. En las próximas semanas, más de 6 millones de habitantes sufrirán nuevas restricciones. Y el peso de hacer cumplir seguirá cayendo sobre los ayuntamientos, que, insiste Rivas, ya tienen bastante con la impotencia de intentar vigilarlo todo, mientras sus redes siguen perdiendo agua. "No podemos resolver en tres meses y con amenazas un problema que se arrastra en los últimos 40 años", zanja.

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