Refugiados vetados en Ripoll: "El ayuntamiento nos ha dicho que no nos va a empadronar"

Los recién llegados a Ripoll no solo sufren trabas y largas esperas para empadronarse. Hay quienes, directamente, no han podido ni presentar su solicitud para iniciar trámites y convertirse en ciudadanos de pleno derecho. "En el ayuntamiento nos dicen que no nos empadronan", cuentan a EL PERIÓDICO varias familias recién llegadas de países latinoamericanos que deben solicitar asilo político pero que no pueden iniciar los trámites porque no tienen acceso al padrón. Estas familias viven en habitaciones alquiladas. Para ellas la ley contempla la figura del padrón social. Sin embargo, la alcaldesa ultra de Ripoll, Sílvia Orriols, no aplica el padrón social, previsto para personas sin domicilio fijo, ya sea este habitaciones o incluso la calle. Una cincuentena de ayuntamientos catalanes se resisten a aceptar el padrón social. La negativa de Orriols a aplicar el padrón social deja sin opciones a familias latinas solicitantes de asilo que viven en habitaciones alquiladas Grays Dayana Prada llegó a Ripoll el 28 de agosto con sus dos hijos: Johan Sebastian, de 13 años, y Jacobo, de 6. Salían de Bogotá (Colombia), huyendo de la violencia callejera y esperando una vida mejor con su padre, Óscar Leandro, solicitante de asilo que lleva dos años viviendo y trabajando en la capital del Ripollès. La familia vive en una habitación, compatiendo piso con más compatriotas en condiciones similares. Pagan 150 euros al mes. "Mi marido y yo trabajamos por horas en Ripoll: él de pintor y yo limpiando casas y cuidando abuelos... no nos da para pagar un alquiler. Con suerte compramos la comida", resume Prada. La ley obliga a los ayuntamientos a empadronar a aquellos vecinos que viven en habitaciones alquiladas o incluso en la calle Sin padrón no hay asilo A principios de agosto, sigue la madre, fueron a empadronarse en Ripoll. Un trámite esencial para acceder a la sanidad pública, la escolarización de los niños y, en su caso, conseguir la residencia legal y el permiso de trabajo en España. Según explica la madre, el Gobierno central les pide el empadronamiento para pedir asilo político en España. "Pero en el ayuntamiento nos dijeron que no nos podemos empadronar hasta que no tengamos un contrato de alquiler. Si no lo tienes, no te empadronan", explica Prada. En ese momento, la mujer preguntó cómo lo podían hacer, dado que para ellos es inviable pagar los precios de los pisos en el mercado de alquiler. "Me dieron un papel para solicitar un piso de alquiler social pero estamos en las mismas, te piden el padrón... así que nada", añade desesperada. El caso de esta familia colombiana es idéntico al de Luis Olivares y Nazareth Rebolledo, procedentes de Venezuela. El padre llegó hace más de un año a Barcelona, ciudad donde está empadronado y donde durmió en la calle durante varios meses. Logró salir del asfalto gracias a un amigo, que le ofreció empleo y techo en Ripoll en una habitación subarrendada. En junio de 2022 llegó su esposa, Nazareth. Vivían en una habitación sin contrato de alquiler pero la mujer logró empadronarse en Ripoll porque la alcaldesa ultra aún no había tomado el mando del ayuntamiento ni cambiado los procedimientos para el trámite. La pareja se estableció así en Ripoll. Él, tras meses de trabajar sin contrato en la construcción, logró tramitar la solicitud de asilo por razones humanitarias. Ahora tiene permiso de residencia y de trabajo y ha conseguido un contrato de sustitución haciendo labores de limpieza en el centro de educación especial Doctor Ramon Suriñach de Ripoll, donde cobra 924 euros al mes. La madre también ha iniciado los trámites para ser refugiada y en abril conseguirá el documento definitivo que le permitirá vivir y trabajar legalmente en España. Hasta entonces trabaja por horas limpiando pisos o cuidando a ancianos en Ripoll. "Con lo que ganamos no podemos pagar un piso, te piden tres meses de depósito... no podemos pagarlo", insiste el padre, que debe dinero prestado por vecinos y amigos para comprar alimentos. El matrimonio tiene pues sus trámites bien encaminados. No así sus hijos Liscandrys, de 15 años, y Arnaldo, de 13, que llegaron a Ripoll en diciembre en virtud de la reagrupación familiar. "Nos dicen que no pueden empadronar a los niños, que no se lo permiten. Que si no tenemos un contrato de alquiler no podemos", prosigue la madre. La familia trató, a la desesperada, alquilar un piso en Ripoll. Pagaron 600 euros y arreglaron la vivienda, que se encontraba en mal estado. "Se ve que era una estafa, que el piso estaba ocupado: nos desahuciaron el 31 de diciembre", explican. Pese a tener la reagrupación familiar y los papeles en trámite, Nazareth y Luis no logran que Ripoll empadrone a sus hijos menores Ahora viven en una buhardilla de prestado sin ducha, sin agua caliente, sin calefacción y sin cédula de habitabilidad. No descartan recurrir a las mafias del empadronamiento cuando tengan dinero para pagarles. "Al final es una rueda, un circuito, que te deja sin derechos y sin nada", aputa la mujer. Esta rueda se podría romper si el Ayuntamiento de Ripoll aplicara el padrón sin domicilio fijo. Un procedimiento que fija la ley estatal de empadronamiento, que obliga a los ayuntamientos a empadronar a todos aquellos habitantes que no tienen contrato de alquiler ni de propiedad de una vivienda. Es válido para las personas que viven en habitaciones, en lugares sin cédula de habitabilidad -como es el caso de estas familias-, en chabolas, en cuevas o en la calle. Ripoll no es el único municipio catalán que no aplica el padrón social. Los hijos de Prada ya han empezado a ir a la escuela, pero los de Olivares siguen en trámite para ser admitidos en el instituto. "Nos pasamos el día encerrados en casa. En la cama, durmiendo", reconoce la hija mayor, de 15 años, sin círculo social en Ripoll y con evidentes signos de desánimo. No le ayuda a su bienestar el dolor de muelas que sufre desde hace días. Esta adolescente tampoco ha podido ser atendida en la sanidad pública, según explica su madre que combate el sufrimiento de su hija con infusiones y oraciones. La desatención sanitaria, otra consecuencia de la falta de empadronamiento, la sufre igual su hermano Arnaldo. Y también los dos hijos de Prada. Ambas familias automedican como pueden a sus hijos para combatir el dolor o la fiebre. "Sientes que el ayuntamiento te quiere fuera de aquí", lamenta Leandro, que agradece la solidaridad vecinal pero lamenta todos los impedimentos que impone la nueva alcaldesa ultra.

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