Luz verde al ‘mando único’ sobre migración en plena polémica por el traspaso a Catalunya

El contexto no podía ser más oportuno para intentar despejar las dudas sobre los efectos prácticos de su puesta en marcha. En plena polémica por la supuesta transferencia a Cataluña de la “política en inmigración” acordada por el Gobierno central y Junts per Catalunya (JxC) la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que ampara la creación de la Comisión Interministerial de Inmigración que deberá coordinar toda la política estatal y sus implicaciones en los territorios sobre esta materia. El reclamado insistentemente desde hace tiempo por Canarias ‘mando único’ sobre política migratoria nace así con un debate complejo sobre la mesa, y con una tarea ya en su agenda: una reunión urgente, solicitada por el Ejecutivo canario, para aclarar en qué consistirá el traspaso de esta competencia a la Generalitat catalana y su efecto sobre asuntos como la derivación de migrantes y reparto de menores no acompañados que llegan a las Islas, y en general sobre qué capacidades se otorgarían a esa comunidad autónoma en la gestión del fenómeno migratorio. De momento, el Gobierno central ha dado el primer paso para hacer realidad lo que ya anunció hace diez días, aunque formalmente el acuerdo del Consejo de Ministros da un plazo de un mes para su constitución efectiva. Será un órgano que estará adscrito orgánicamente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con el titular de este departamento, Ángel Víctor Torres, como presidente del mismo, y lo integrarán seis ministerios más: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia. Todos los titulares de estos departamentos forman parte de nuevo órgano, que “independientemente de que se estipule una reunión trimestral” para el mismo, la presidencia “podrá convocarla las veces que sean precisas”, según el texto del decreto aprobado este martes. La Comisión, cuya creación no supondrá aumento del gasto público, podrá ser convocada tanto por decisión de su presidente como a petición de alguno de sus miembros. El objetivo concreto de esta comisión es el “impulsar y coordinar las medidas a adoptar por la Administración General del Estado para atender los fenómenos migratorios irregulares que tengan entrada en territorio español”. El decreto también establece que la presidencia de la Comisión Interministerial “podrá convocar a las reuniones a representantes de otros departamentos ministeriales o de otras administraciones públicas o a otros altos cargos de la Administración del Estado y responsables de organismos públicos”. Además, la Comisión, cuya creación no supondrá aumento del gasto público, podrá ser convocada tanto por decisión de su presidente como a petición de alguno de sus miembros. En concreto, la comisión tendrá las siguientes funciones: impulso y coordinación de las medidas que haya de adoptar la Administración estatal; propuesta en este ámbito administrativo de medidas encaminadas a atender sus necesidades; seguimiento de las propuestas y actuaciones de los departamentos ministeriales, así como de sus organismos y entidades dependientes; impulso y seguimiento de medidas de atención en relación con niñas, niños y adolescentes migrantes y, en especial, con las personas menores de edad migrantes no acompañadas, en el ámbito de las competencias estatales; e impulso de medidas con otras Administraciones Públicas, así como el seguimiento de las propuestas y actuaciones acordadas en el seno de la Conferencia Sectorial de Migraciones. El acuerdo del Consejo de Ministros incide especialmente en la necesidad de hacer frente al repunte migratorio sufrido el pasado año, sobre todo en la comunidad autónoma de Canarias, señalando, en este sentido, que la inmigración irregular en toda España creció un 82,1 % durante todo 2023. De enero a diciembre llegaron 56.852 personas en situación irregular, 25.633 personas más que el año anterior. De esa cifra global, más de 40.000 arribaron a las costas de Canarias, el 70 % del total, y de ellos más de 4.500 menores. En las dos primeras semanas de 2024 la llegada de pateras y cayucos a las Islas no ha cesado. La creación de esta Comisión Interministerial de Inmigración se aprueba sin perjuicio de la existencia de la Comisión Interministerial de Extranjería, creada en 2000 y sobre la que el decreto aprobado este martes establece que “prestará apoyo en caso necesario” al órgano de nueva creación. Una de las cuestiones que habrá que aclarar tras la puesta en marcha de esta comisión es si su presidente podrá operar como ese “mando único” que reclama Canarias al modo en como lo hizo la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la llamada ‘crisis de los cayucos’ en 2006 en Canarias. Las funciones de coordinación no afectará a las competencias que tienen atribuidas cada uno de los ministerios que gestionan los distintos aspectos de la política migratoria, pero sí asume al menos la labor de portavoz del Gobierno central para esta cuestión y la de interlocutor ante el resto de administraciones. Pero queda por ver hasta qué punto su función ahorrará otros trámites de gestión política ante otros departamentos. “Ningún Estatuto dice que ninguna CCAA establezca de forma unilateral cuántos #migrantes recibe y cuántos no. Es competencia intransferible del Estado y creemos que seguirá siendo así. Cataluña podría gestionar los centros, pero no más. En eso, nada que objetar”. #derechoshumanos… pic.twitter.com/7iGyM45j3z — Cristina Valido (@CristinaValido) 16 de enero de 2024 En todo caso, la principal incógnita que parece que va a tener que despejar Torres como presidente de la comisión es la incidencia real del compromiso adquirido por el Gobierno central ante JxC para transferir a Cataluña la “política integral” en materia de política migratoria, según difundió el partido soberanista catalán tras el acuerdo alcanzado la semana pasada como contrapartida a su apoyo a los decretos aprobados por el pleno del Congreso. Una de las cuestiones que se atribuía JxC a ese acuerdo era la de la capacidad de expulsar de territorio catalán a los migrantes reincidentes, así como la del control de los flujos migratorios en ese territorio. El Gobierno niega que vaya a delegar esa competencia y aclara que todo quedará explicado en la necesaria ley órganica que se tendrá que aprobar por las Cortes. En todo caso, la opacidad del acuerdo ha provocado inquietud y preocupación del Gobierno de Canarias por la posibilidad de que ese traspaso de competencias pudiera llevar a Cataluña a negarse a recibir migrantes, o a salirse del sistema de reparto de menores no acompañados, que ahora se realiza en función de la solidaridad de cada comunidad, pero que en el futuro se pretende que sea de manera obligatoria tras la correspondiente reforma de la ley del Menor. Canarias considera que un asunto como este debe ser de Estado y de la UE y que “una respuesta asimétrica no es la adecuada para un reto global”, por lo que considera urgente una reunión de la comisión a la que se la ha dado luz verde este martes. El propio Torres ha asegurado, en este sentido, que ninguna comunidad se podrá negar a acoger menores si se cambia la ley, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que “todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular está residenciada en la Administración General del Estado”.

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