Catalunya solo podrá expulsar a inmigrantes delincuentes reincidentes si lo dicta un juez

Junts Per Catalunya aspira a que Catalunya pueda decidir sobre la expulsión de los inmigrantes que sean delincuentes multirreincidentes. Lo ha afirmado el secretario general de Junts, este jueves, en una entrevista en Catalunya Radio, tras el pacto con el Gobierno central que contempla el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. La realidad es que ni Catalunya, ni el Gobierno central pueden tomar esa decisión. "Solo un juez puede expulsar un inmigrante por cometer un delito", advierte Karlos Castilla, abogado especialista en extranjería y asesor de Sos Racisme. "Los políticos, antes de hacer según qué afirmaciones, deberían saber que las expulsiones son procedimientos complejos que requieren muchas garantías procesales", afirma Josetxo Ordóñez, abogado especialista en extranjería, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y asesor de la Fundación Migrastudium. "Antes de hablar, los políticos deberían saber que las expulsiones son procesos complejos" Josetxo Ordóñez Doctor en Derecho, especialista en extranjería "En España, las únicas personas que pueden expulsar a un migrante por haber cometido un delito son los jueces", insiste Castilla. Cuando un migrante es condenado por un delito, el magistrado puede cambiar la pena por una expulsión a su país de origen, o decidir que cumpla la condena en una cárcel española. A algunos, incluso, se les impone una parte de la condena penitenciaria en España y posteriormente se le expulsa. Lo regula el artículo 89 del Código Penal, que dicta que antes de que los jueces tomen esta decisión, deben escuchar al penado y conocer si situación. "Sea como sea, los gobiernos no pueden tomar estas decisiones. Eso está lejos de su alcance", reitera Ordóñez. Catalunya podría gestionar expulsiones administrativas, pero estas son solo para los migrantes sin papeles Luego están las expulsiones administrativas, reguladas a través de la ley de extranjería. Estas expulsiones sí las tramita el Ministerio del Interior, y si se transfieren las competencias, las podría hacer la Generalitat. "Pero las expulsiones administrativas no afectan a los inmigrantes que cometen delitos penales, sino que son para aquellos que no tienen papeles, por no tener permiso de residencia legal en España", explica Castilla. Es decir, que aquí solo entrarían los reincidentes si se dé el caso de que no tienen papeles. La expulsión no sería por el hecho de ser reincidentes, sino por encontrarse en situación de indocumentados. Además, los afectados tienen derecho de recurrir esta decisión administrativa. Acuerdos bilaterales entre países De hecho, España solo puede expulsar a migrantes en situación administrativa irregular si estos son de países con los que existe un acuerdo bilateral de devolución de personas. Este acuerdo sí existe con Marruecos o Senegal, pero no lo hay con muchos países otros africanos. Algunos lo han dejado de suscribir, como es el caso de Argelia tras la última crisis diplomática. "Catalunya no es un estado, y, por lo tanto, solo el Gobierno central tiene capacidad de hacer esta tipología de acuerdos", cuenta Ordóñez. Los letrados consultados consideran papel mojado el acuerdo migratorio entre Junts y el PSOE Es habitual que después de ingresar en un Centro de Internamento de Extranjeros (CIE) un máximo de 60 días, los migrantes vuelvan a la calle porque, al no haber acuerdo de devolución entre España y sus países, no se les puede expulsar. Seguiría ocurriendo lo mismo si Catalunya tuviera transferidas las competencias. Gestión de la frontera Los letrados también dudan de que Catalunya pudiera aplicar rechazos, devoluciones y denegaciones de entrada en su territorio. Estas prohibiciones de residencia en España se generan en la frontera, habitualmente en las costas o en la valla de Melilla, y por lo tanto, las ejecuta la Policía Nacional. "La mayoría de inmigrantes en situación irregular que llegan a Catalunya lo hacen con órdenes de expulsión de otras comunidades, y es la autoridad que ha impuesto estas sanciones quien debe expulsarlos", relata Castilla. Pone el ejemplo de Francia. "Si los gendarmes encuentran a un inmigrante en situación irregular con una orden de expulsión vigente emitida por la autoridad española, lo devuelven a España. Pues en Catalunya pasaría lo mismo, no podrían expulsarlo los Mossos, debería ser la Policía Nacional", sigue. Ambos letrados consideran que el acuerdo migratorio entre Junts y el PSOE es papel mojado y que no tendrá apenas efecto en la gestión migratoria en Catalunya. Lo que realmente les preocupa es el Pacto Migratorio Europeo, que flexibiliza el cumplimiento de los derechos humanos y las expulsiones, incluso para aquellos que piden asilo en Europa escapando de guerras o persecución política.

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