Misión 'evitar aves muertas': la fiscalía de BCN exige adaptar edificios de cristal para reducir choques

Las aves, un indicador esencial para evaluar el estado de la biodiversidad, cada día encuentran más obstáculos que les complican la vida. A los atropellos, las electrocuciones, los cazadores furtivos y los envenenamientos se suman las colisiones contra ventanas, edificios acristalados, metracrilatos de las pistas de pádel o marquesinas translúcidas de las estaciones de autobús. El 60% de las inspecciones de los rurales se concentran en edificios acristalados Estos choques, a menudo mortales, causan miles de muertes cada año. Por esta razón, tanto los agentes rurales como la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona han decidido actuar y exigir a empresas, ayuntamientos y Generalitat que adapten las infraestructuras peligrosas para reducir los impactos. ¿Por qué chocan las aves contra los cristales? Principalmente hay dos motivos, según detalla el jefe del área de Barcelona de los agentes rurales, Jaume Bosch: "A veces, impactan con el vidrio por simple transparencia, no se dan cuenta de que hay un cristal. En otros casos, los árboles o arbustos de los alrededores se reflejan en los edificios acristalados. Los pájaros creen que el paisaje continúa, vuelan hacia esta supuesta vegetación y chocan contra el cristal que actúa como espejo". Durante los últimos dos años, los rurales han intensificado el trabajo para minimizar estos accidentes. En total, en dos años, han contactado con los responsables de 1.866 instalaciones acristaladas peligrosas. De estas actuaciones, un 60% son en edificios. El otro 40% se reparte entre marquesinas y pistas de pádel. En algunos casos, remiten sus informes al servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona, que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, ha abierto diligencias preprocesales para requerir que se adopten medidas para evitar la colisión de aves. Diagonal Mar y aeropuerto La lista de entidades a las que el fiscal Toni Pelegrín ha reclamado adaptar los cristales es larga: una terminal con vidriera del aeropuerto de Barcelona, un concesionario Renault, el local de Fundesplai en El Prat de Llobregat, un edificio de Nestlé en Barcelona y otro de Desigual en Viladecans son algunos ejemplos. También se ha advertido a propietarios de pistas de pádel y a ayuntamientos responsables de marquesinas o pabellones deportivos. En los últimos dos años, algunas de estas empresas y administraciones han respondido de forma asertiva y han adaptado las instalaciones. Otras no lo han hecho. "Para las pistas de pádel, basta con colocar una red que cubra el metacrilato. Es barato: con unos mil euros se pueden adaptar varias pistas", afirma Bosch. Algunas empresas adaptan sus cristales ante la petición de la justicia, otras siguen sin responder En Gelida, el ayuntamiento instaló estas redes, aunque recientemente, el nuevo equipo de gobierno propuso eliminarlas porque le parecían poco estéticas. Los rurales ya trabajan para que las vuelvan a poner. En Santa Margarida i els Monjos, en cambio, se han chequeado positivamente las tareas realizadas por los responsables de las instalaciones. También hay algunos edificios de la Generalitat que suponen un riesgo para las aves. Sin embargo, este medio ha confirmado que la Dirección General de Transports i Mobilitat no ha respondido a las peticiones del fiscal de Medio Ambiente sobre el peligro de las paradas de autobús en carreteras rurales. La Secretaria d'Acció Climàtica del Govern, en su respuesta al fiscal, en mayo de este año, solo proponía aplicar correcciones en un edificio público del Alt Penedès. Consideraba que no tenía responsabilidad ambiental. Alegaba, además, que sus instalaciones no afectaban a especies de forma significativa ni empeoraban el estado de conservación. Los datos recogidos por los agentes rurales sí inducen a pensar que estas colisiones son un problema para la biodiversidad. En total, han detectado 73 especies de ave afectadas, de las cuales un 75% están protegidas. Destacan el cernícalo primilla y la buscarla unicolor, dos especies especialmente amenazadas. Pero también hay petirrojos, mirlos, gorriones, oropéndolas, jilgueros, verderones, y currucas cabecinegras. En general, lo sufren las aves más pequeñas, del orden de las paseriformes. Punta del iceberg El fiscal Toni Pelegrín, incluso, llegó a abrir el año pasado una investigación penal respecto a un edificio de la Inmobiliaria Colonial Socimi y otro de la compañía Redkite Glòries Diagonal, ambos cerca del complejo Diagonal Mar. La fiscalía alertaba de que estas estructuras acristaladas habían causado como mínimo la muerte de 141 ejemplares de pájaro. El problema se agravaba durante la migración de primavera y otoño. Ante ese aviso, las empresas resolvieron el problema y el fiscal archivó las diligencias penales que se habían abierto por dos posibles delitos contra la fauna: muerte de aves protegidas y riesgo para el medio ambiente. "Con los edificios no es tan sencillo ni tan barato como con el pádel. No vale con poner dos pegatinas, se deben instalar vinilos con una trama de puntos o serigrafías. Hay empresas especializadas que ya incluyen en los cristales elementos que protegen a las aves y que son casi imperceptibles por el ojo humano", destaca Bosch. A día de hoy, no existe una legislación que obligue a las nuevas construcciones con cristales, muy de moda, a aplicar medidas para evitar choques de aves. "Solo vemos la punta del iceberg. El problema es indetectable, ya que muchas de las aves que mueren son depradadas por gatos, gaviotas, zorros u otros animales que se aprovechan de estos accidentes", avisa el rural, que también explica la sobrecarga de trabajo que supone para el cuerpo realizar necropsias que acreditan la causa de la muerte con cada ave encontrada. Antonio Vercher, coordinador de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, remitió el pasado mes de noviembre una orden a todos los fiscales delegados de España recordándoles la posibilidad de aplicar un delito de maltrato animal en los casos de choque de aves en las pistas de pádel, hechos que están castigados con una pena de tres a 18 meses de prisión o multa e inhabilitación. En esa instrucción, advertía también de la "conveniencia" de que las administraciones competentes impulsen medidas para evitar o disminuir estas colisiones.

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