MUFACE no se toca: Sanidad no prevé desmantelar el modelo que presta atención a los funcionarios

Desmantelar el modelo MUFACE, que presta atención a cerca de dos millones de funcionarios en España, no figura entre los planes del Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García, según ha aclarado en una entrevista concedida el lunes a la Cadena Ser y ha dejado entrever en los últimos días. Preguntada por qué va a hacer con MUFACE, García ha vuelto a ser contundente: "Tengo otras prioridades. Quiero que la sanidad pública sea lo suficientemente atractiva", precisó.

Mónica García, entrevistada en 'Hora 25' por Aimar Bretos, fue cuestionada por un asunto que inquieta a los mutualistas, a los sindicatos y a la sanidad privada que, en gran medida, depende de la asistencia que les presta a través de las tres aseguradoras que forman parte del concierto de la entidad: Adeslas, Asisa y DKV.

Una preocupación que se arrastra desde hace tiempo y ha venido relatando El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica. Por la insuficiente financiación del modelo, por un lado, pero, sobre todo, por su hipotética desaparición, ya que Sumar incluyó en su programa para las elecciones generales del 23 de julio sacar a los funcionarios del mutualismo administrativo de forma "paulatina" para incluirlos, junto al resto de la ciudadanía, en el sistema sanitario público.

Por el momento, no hay motivo para la incertidumbre. Para alivio del sector privado, que auguraba una catástrofe con la eliminación del modelo. MUFACE se queda como está: ni desaparece, ni se va a reformar. Así lo ha dejado ver Mónica García que, ha vuelto a incidir, no figura entre las prioridades de su departamento, volcado en asuntos como el refuerzo de la salud mental, el apuntalamiento de la Atención Primaria o retomar leyes guardadas en el cajón desde la anterior legislatura, como la ley antitabaco o la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que busca, precisamente, el blindaje de la sanidad pública.

Desmantelar el modelo

Porque, como ha venido subrayando en estos meses el sector privado, acabar con MUFACE acarrearía notables consecuencias. Recientemente, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas, advertía de las consecuencias de dar el paso: el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante esa futurible desaparición del modelo sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros.

Por eso, tras conocer que acabar con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que dirige Myriam Pallarés, no está entre los principales asuntos a acometer por el Ministerio de Sanidad, el sector privado respira con tranquilidad. La propia Fundación IDIS ya ha manifestado la relevancia de no considerar como una prioridad el abordaje del modelo de los funcionarios.

Hace apenas unos días, IDIS reseñaba que "las dificultades de acceso al Sistema Nacional de Salud, como consecuencia del colapso derivado de la lista de espera, hacen imposible poder considerar que se valorara como una realidad plausible la supresión de un modelo que en el momento actual atiende a 1,7 millones de ciudadanos y que, de producirse, deberían acudir a la Sanidad pública agravando con mucho esos problemas de acceso".

Un régimen especial

El mutualismo administrativo insiste IDIS, es un mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado -a través de MUFACE, pero también de MUGEJU, de los funcionarios de Justicia, e ISFAS, de los de Defensa- que genera ahorros al sistema público. A modo de ejemplo, se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2022 en 1.020 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.674 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), es decir, que el gasto generado por un mutualista sería un 39% inferior. Esto supone un ahorro de 654 euros por mutualista para la Administración.

El sector privado considera "imprescindible reevaluar la financiación del modelo" de MUFACE

Sin embargo, el mismo sector privado considera "imprescindible reevaluar la financiación del modelo, puesto que parte de una insuficiencia económica que se ha ido agudizando en los últimos años, con más prestaciones pagadas que primas imputadas y una siniestralidad que supera claramente el 100%". De no ser reconsiderada, ni aseguradoras ni centros hospitalarios podrían soportar los costes del modelo, que "acabará muriendo por inanición".

Consejo General

Según informan fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a El Periódico de España, MUFACE celebrará a mediados de este mes de diciembre el cuarto Consejo General del presente ejercicio. Aunque los sindicatos todavía desconocen el orden del día, desde la CSIF volverán a insistir en la necesidad de ampliar la financiación de la entidad para evitar recortes sanitarios.

En el último encuentro de la entidad, celebrado en septiembre, la dirección de MUFACE dio a conocer los resultados de una encuesta a más de 5.000 mutualistas que arrojan datos como que el 56% considera que la mejora más necesaria es un incremento de la dotación económica de las prestaciones. Otro dato interesante: en cuanto a las posibles nuevas prestaciones a incluir, el 85 % se concentra en quienes prefieren ayudas para fisioterapia (53 %) y ayudas para salud mental (32%). 

Incremento de mutualistas

Los sindicatos reclaman una solución a la falta de financiación del concierto sanitario para evitar recortes. La dirección de MUFACE les ha informado de que se están buscando vías para poder incrementar la dotación presupuestaria del contrato público con las aseguradoras, en colaboración con la Abogacía del Estado. Según los datos de la memoria de la entidad, cerrados a diciembre de 2022, el organismo cuenta con un total de 1.053.934 titulares, lo que supone un incremento de 15.500 personas respecto al año anterior.

De esta manera, se sigue acercando a un colectivo de millón y medio de personas entre titulares y beneficiarios (familiares de mutualistas). En total, si se tiene en cuenta al resto de mutualistas, ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MUGEJU (Mutualidad General Judicial), el colectivo alcanza casi los dos millones de personas, precisan las fuentes sindicales.