Canarias, sumida en la emergencia

Emergencia energética. Emergencia social. Emergencia climática. Emergencia hídrica. Todas a un tiempo. Podría parecer la situación de uno de los depauperados países del Cuerno de África. O de Yemen. O Haití. Pero no. Es la situación de una de las potencias turísticas europeas. Canarias da sus primeros pasos en la temporada de invierno, esa en que millones de ingleses, alemanes y franceses abarrotan sus hoteles y apartamentos, entre declaraciones de emergencia. Una para agilizar soluciones; otra para interpelar la colaboración del Gobierno de Pedro Sánchez; otra para concienciar del problema... Y todas con una característica común: no tienen ningún valor ni alcance jurídicos. La declaración como tal, explica el abogado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de La Laguna Gerardo Pérez Sánchez, es un "compromiso político", una suerte de "autoimposición" de prioridades y hasta un llamamiento a la "concienciación social e institucional", pero no un instrumento jurídico que permita atajos administrativos ni librarse de este o aquel trámites. La emergencia energética es la última declarada de forma oficial. Las alarmas se dispararon a finales de 2021, cuando un informe de Red Eléctrica puso cifras a algo que la sociedad canaria conoce y sufre desde hace años: el mal estado de la infraestructura de suministro. Faltan 30 megavatios de potencia en Fuerteventura, 80 en Tenerife y hasta 120 en Gran Canaria. El riesgo de apagones o ceros energéticos aumenta con cada día que pasa sin tomar medidas. Así que el Gobierno regional ha actuado conforme a lo que establece para estos casos el Real Decreto que regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas de los territorios no peninsulares. Le ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que reconozca el coste de las imprescindibles medidas de urgencia –básicamente la instalación de generadores de refuerzo que blinden el suministro– y ha activado así la maquinaria administrativa. Si todo va según lo previsto, la nueva infraestructura estará funcionando de aquí a un año. Y se mantendrá hasta que el Ministerio, que es el competente en esta materia, resuelva el concurso digamos ordinario para la prestación del servicio, en virtud del cual la empresa o empresas adjudicatarias asumirán inversiones millonarias para la renovación y modernización de un sistema a todas luces obsoleto. Ahora bien, para aplicar el artículo 59 del susodicho Real Decreto no es necesaria una declaración de emergencia. ¿Por qué entonces toma esta decisión el Gobierno de Canarias? Pues porque con ella pretende "comprometer de ahora en adelante todas las políticas y medidas que sea necesario adoptar". Es, en línea con lo explicado por el profesor Pérez Sánchez, una declaración de intenciones. Es la última de las emergencias que el Ejecutivo autonómico ha considerado pertinente poner sobre el papel. La anunció este jueves el vicepresidente Manuel Domínguez, aunque aún no es oficial. Con ella, el Gobierno persigue un objetivo primordial y otro accesorio. En primer lugar –y ante todo–, garantizarles una atención en las mejores condiciones posibles y darles una digna tutela a esos cientos de menores que arriban a las Islas en cayucos y pateras. Solo en lo que va de 2023 han llegado cerca de 2.300 niños y adolescentes, y en estos momentos están bajo la tutela de la Comunidad Autónoma casi 3.000. Por eso la Consejería de Bienestar Social cree pertinente dictar esta declaración de emergencia, para de algún modo coordinar sus políticas con las del Gobierno central, los cabildos, los ayuntamientos y las oenegés. Sobre todo en lo relacionado con el alojamiento, ya que las plazas de las corporaciones insulares están todas ocupadas y las que ha habilitado de urgencia el Ejecutivo regional se han convertido en permanentes ante el incremento de las llegadas de barcazas. Esto es lo fundamental de la declaración, pero no pasa desapercibido que el Gobierno canario también llama con ella la atención del Gabinete de Pedro Sánchez, ahora en funciones y cuyo interés en atender la crisis migratoria que atraviesa el Archipiélago ha sido más bien escaso, al menos a juicio del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. La práctica de las declaraciones de emergencia no la ha instaurado el actual Gobierno autonómico. El anterior equipo al frente de la Administación regional, el presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, casi no había tomado asiento cuando, en agosto de 2019 –mes y medio después de coger las riendas del Ejecutivo–, anunció que declaraba la emergencia climática. Una urgencia menos evidente que la energética y la social-migratoria pero con la que al fin y al cabo se asumía en las Islas la deriva verde o medioambiental en que está embarcada la Unión Europea. La declaración, cabe recalcar, no tiene ni valor ni alcance jurídicos, pero sí los tiene la Ley de cambio climático y transición energética que aquella se marcó como objetivo. Una ley con algunas metas si cabe más ambiciosas que las marcadas por Bruselas pese al cada vez mayor número de voces que alerta sobre la imposibilidad de ejecutar determinadas medidas sin que los trabajadores acaben pagando el pato. Sea como sea, la declaración de emergencia desembocó aquí en ley, y esta –esta y no aquella– sí genera deberes y obligaciones. Así que, de algún modo, podría decirse que Canarias está de iure en urgencia o riesgo climático. En este caso no es el Gobierno del Archipiélago el que hace la declaración, sino el Cabildo de Fuerteventura. Los problemas en el suministro de agua en la isla majorera llevaron a la institución insular al reconocimiento explícito de la emergencia hídrica. Una situación que en principio iba a durar seis meses pero que el Cabildo presidido por Lola García prorrogó el mes pasado por un año. Los caudales disponibles se han reducido sobremanera y se han agravado así las dificultades para cubrir la demanda de agua, pero las obras de urgencia, valoradas en unos 18 millones de euros, llevarán su tiempo, de ahí la prórroga de la emergencia. Además, la otra isla más oriental de la Comunidad Autónoma, Lanzarote, ha seguido los pasos de su vecina. Aunque no ha optado por una declaración en sentido estricto, sí ha elaborado un plan de emergencia para paliar el problema del agua, que "no admite más vacilaciones ni más inacción política", dijo el presidente insular, Oswaldo Betancort. "Un estado de urgencia o de emergencia que exige una acción rápida, diligente y oportuna", sentenció. El plan recoge las inversiones previstas, las necesidades y peticiones de los municipios y la financiación necesaria para acabar con los cortes de suministro que, como en Fuerteventura, sufren los vecinos de la isla.

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