Medio ambiente

Bruselas amonesta a España por no presentar la lista de espacios protegidos tras un plazo de seis años

La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción por no cumplir con la directiva de hábitats y lanza un ultimátum por no finalizar la revisión de los planes hidrológicos

El bosque espectacular de La Fageda d'en Jordà, un espacio protegido.

Silvia Martinez

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La Comisión Europea ha lanzado este jueves un procedimiento de infracción contra España por incumplir las obligaciones que impone la directiva sobre hábitats. Concretamente, “España no ha propuesto ni transmitido una lista exhaustiva de lugares de importancia comunitaria (LIC)” ya que “el número, el tamaño y la ubicación de los LIC propuestos y las especies y hábitats protegidos en ellos no son suficientes”. El Gobierno español, que este jueves ha recibido un segundo ultimátum por problemas en la revisión de los planes hidrológicos de cuenca, tiene ahora dos meses de plazo para responder y subsanar las deficiencias.

La normativa europea en materia de protección de hábitats obliga a los Estados miembros a proponer lugares de importancia comunitaria, que se incluyen posteriormente en las listas biogeográficas de la Unión. En un plazo de seis años desde dicha inclusión, los Estados miembros deben designar estos lugares de interés común como zonas especiales de conservación (ZEC) y establecer objetivos y medidas de conservación para mantener o restablecer las especies y los hábitats protegidos presentes en los lugares, con el objetivo de alcanzar un estado de conservación favorable a nivel biogeográfico nacional. 

Dos meses de plazo

Se trata, según Bruselas, de “requisitos esenciales” para proteger la biodiversidad en el conjunto del territorio de la Unión, un objetivo central tanto de la estrategia sobre la biodiversidad como del pacto verde europeo. Pese a esta exigencia, prevista en la normativa europea, el Ejecutivo comunitario considera que España “no ha propuesto ni transmitido una lista exhaustiva” de los citados lugares de interés comunitario ya que el número, tamaño y ubicación de los mismos y las epecios y hábitats protegidos en ellos “no son suficientes”.

Este tirón de orejas se traduce en la apertura de un procedimiento de infracción contra España. Como es habitual, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España en la que da dos meses de plazo para responder y subsanar las deficiencias. “En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir emitir un dictamen motivado”, avisa Bruselas sobre el segundo paso del procedimiento de infracción antes de presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Planes hidrológicos

No es la única mala noticia en materia de medio ambiente. La Comisión también ha lanzado este jueves un ultimátum a España, y a otros siete países -Bulgaria, Chipre, Irlanda, Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia-, para que finalicen la revisión de sus planes hidrológicos o sus planes de gestión del riesgo de inundación, de acuerdo con la directiva marco sobre el agua y la directiva sobre inundaciones. Ambas Directivas exigen a los Estados miembros que revisen, actualicen y notifiquen estos planes cada seis años. 

En el caso de los planes hidrológicos, incluyen un programa de medidas para garantizar el buen estado de todas las masas de agua. Los planes de gestión del riesgo de inundación, mientras tanto, están elaborados a partir de mapas que muestran las consecuencias adversas potenciales asociadas a los escenarios de inundación. Bruselas pidió en febrero pasado a todos estos países que finalizaran la revisión de los planes hidrológicos. Los 8 países, según el análisis de la Comisión, siguen incumpliendo sus obligaciones. 

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Bulgaria, Chipre, España, Malta y Portugal “van con retraso en la revisión, adopción y notificación de los terceros planes hidrológicos de cuenca y de los segundos planes de gestión del riesgo de inundación”, Irlanda y Eslovenia van con retraso en la revisión, adopción y notificación de los terceros planes hidrológicos de cuenca, mientras que Eslovaquia va con retraso en la revisión, adopción y notificación de los segundos planes de gestión del riesgo de inundación. Los ocho países tienen ahora dos meses de plazo para adoptar las medidas necesarias o terminar denunciados ante la justicia europea.

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