16.000 euros de multa: los cuatro incumplimientos de Amazon en la gestión de los residuos

Las empresas que venden aparatos eléctricos o electrónicos están obligadas por ley a quedarse con los productos que los consumidores ya no quieren cuando se compran uno nuevo. Esta normativa parece evidente cuando hablamos de lavadoras, neveras o lavavajillas... ¿A quién no se le ocurre exigir que se lleven el viejo aparato? En cambio, a pocos se les ocurre dejar en la tienda su secador viejo o su maquinilla de afeitar estropeada. La gestión de estos residuos eléctricos (RAEE) debe estar regulada, ya que a menudo estos artefactos desprenden sustancias altamente contaminantes para las personas y el medio ambiente. Es decir, las empresas tienen que detallar exactamente cómo recogen estos residuos, dónde se almacenan y dónde acaban. Pero no todas las compañías cumplen. En las últimas horas, el Govern ha anunciado una multa a Amazon por no tener la documentación en regla a la hora de tratar estos desechos electrónicos. Según el expediente abierto, iniciado en 2019, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la cantidad que tiene que pagar la multinacional por sus irregularidades asciende solamente a 16.000 euros. Sin embargo, el documento oficial remitido a Amazon muestra varias irregularidades por parte de la empresa. Son las siguientes: No comunicación Amazon, desde su centro logístico de El Prat de Llobregat, recogía los residuos a domicilio en esta especie de logística inversa, cuando así lo solicitaban los clientes. El problema, según reza este expediente de 12 páginas, es que no lo notificó previamente a la Agència de Residus de Catalunya (ARC). La normativa explicita que la empresa debe dar a conocer su actividad en cuanto a la recogida de los RAEE. Y esto no se hizo, por lo tanto, la agencia no puede comprobar que el proceso se realiza de forma correcta. El director de la ARC admite en conversación con este diario que son varias empresas de venta online las que tienen un amplio margen de mejora en materia de recogida de residuos electrónicos o eléctricos. El Govern remite parte de las irregularidades a Madrid para que sea la Comunidad quien actúe contra Amazon Transporte irregular De la misma forma que Amazon no comunicó a la Administración su actividad de recogida de residuos electrónicos, tampoco disponía de un permiso legal para trasladar estos residuos. Como la compañía incumplía las obligaciones de todos los productores o vendedores de aparatos eléctricos y no utilizaba la documentación exigida por el Real Decreto en vigor, la agencia no podía iniciar inspecciones para comprobar que este traslado se hacía con todas las garantías medioambientales. En concreto, Amazon realizaba operaciones de recogida de aparatos electrónicos propios o de terceros vendedores que habían contratado el servicio logístico de la empresa. Dudas sobre el almacenamiento Antes de enviar los residuos eléctricos a una planta especializada, se suelen almacenar en algún punto. Amazon, según el expediente abierto por la Generalitat, lo hacía también sin la documentación necesaria. Además, Amazon entregaba residuos electrónicos a la empresa Dachser, dedicada a la logística, sin el permiso legal requerido. Esto, como sucede con los incumplimientos anteriores, complica la comprobación de que todo se hace correctamente por parte de los inspectores. Servicio insuficiente La Generalitat detectó también que Amazon no dispone de un servicio de recogida de residuos electrónicos gratuito y suficiente. Su sistema de recogida, subcontratado a H2 COmpliance y a AMXL es deficitario, según el Govern. Además la compañía vende paneles fotovoltaicos que no declara en el registro del ministerio de industria y que no incluye en su lista de dispositivos eléctricos o electrónicos. Sin embargo, para estas irregularidades, es la Comunidad de Madrid (donde Amazon tiene su sede social en España) quien debe intervenir. El Govern le ha remitido un informe a esta autonomía para que actúe y también ha informado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La multa de 16.000€ se ha impuesto pese a la información remitida por Amazon y a las alegaciones hechas por la empresa. La compañía tiene margen hasta el día 5 de octubre para pagar. Si no, le queda la opción de presentar un recurso e intantar agotar la vía administrativa. Desde la agencia consideran que, aunque se trate de una cantidad pequeña, este expediente sancionador es ejemplar, para que las empresas sepan que deben cumplir con lo establecido a la hora de tratar residuos electrónicos. Este diario se ha puesto en contacto con Amazon para conocer su versión sobre estas irregularidades, pero la empresa prefiere no pronunciarse.

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