La falta de sanciones en la ley del clima permite congelar la ZBE de Badalona

Badalona aprobó la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones en un pleno celebrado el pasado enero, todavía con el socialista Rubén Guijarro en la alcaldía. En mayo, <strong>Albiol</strong> ganó las elecciones municipales con <strong>mayoría absoluta</strong>, lo que le da carta blanca para gestionar la ciudad sin depender de la oposición. En ese pleno de principios de año se abstuvo, detalle que aporta cierta lógica a lo que ha pasado estos días: por un lado, comulgaba con la necesidad de la medida, pero por el otro, <strong>algo había ahí que le rechinaba</strong>. Aquel acuerdo estipulaba que el régimen sancionador empezaría el 1 de julio de 2024, cosa que ya de por sí incumple la ley estatal de cambio climático, como veremos más adelante. El día D de las multas es lo que el líder del PP quiere modificar con una moratoria de tres años hasta el verano de 2027.

La decisión del pleno, al tratarse de una ordenanza, es vinculante. Pero bastará con que el grupo municipal popular, formado por 18 de los 27 concejales del consistorio, vote a favor de cambiar la normativa en una nueva sesión plenaria. Esta y cuantas quieran modificar, dentro del marco legal. Esto último, el hecho de gestionar una Administración con el corsé de normativas superiores, es lo que parece estar en juego en este embrollo de la zona de bajas emisiones de Badalona.

En cualquier caso, haga lo que haga, porque todavía no ha movido ficha, Albiol podría mantener el 2024 y, como hizo Barcelona en su momento, establecer las exenciones que considere oportunas para no dañar a las personas que considera perjudicadas por ZBE. Por renta familiar, para los autónomos, para las personas mayores o con diversidad funcional... También podría ahorrarse la bronca y, como ha hecho Málaga, tratar de dialogar con el Ministerio de Transportes para conseguir nuevas moratorias.

Albiol, a través de su perfil en Twitter, ha insistido este viernes en que su voluntad "es sentarse con el ministerio y acordar la implantación de todas las medidas necesarias para luchar en favor del medio ambiente". Pero en el mismo mensaje ha apuntado: "Celebro que la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, haya pasado de amenazar con retirar los fondos europeos a Badalona y llevarnos al juzgado a reconocer que la ley no nos puede obligar a sancionar".

El pulso de Albiol tiene al otro lado del ring al Gobierno de Pedro Sánchez, <strong>impulsor de la ley de cambio climático</strong>, aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2021 con la abstención del PP, y que obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes a desplegar una ZBE antes del 1 de enero de 2023 (también a los de más de 20.000 que rebasen los límites de polución marcados por la UE). Solo cumplieron poco más de una decena de una lista de casi 150 ciudades, entre ellas, Badalona. La normativa, sin embargo, <strong>requería de un decreto</strong> que pusiera negro sobre blanco cómo tienen que ser estos paraguas ambientales. Se publicó en el BOE el 28 de diciembre de 2022, a un suspiro del día señalado. Y claro, la casa por barrer. Y a los cinco meses, unas elecciones municipales.

Esa ley estatal, sin embargo, y a pesar de que no propone sino que obliga a las grandes ciudades a blindarse contra la contaminación, no incluye por ahora un marco sancionador para los municipios que no obedezcan. Si así fuera, y puesto que a finales de septiembre de 2023 solo 17 de los 149 localidades requeridas tienen la ZBE 100% operativa, la sanción sería una auténtica masacre. Lo que no esperaba el Gobierno era una actitud tan abiertamente díscola como la de Albiol. De ahí que la pelotera tenga un cierto aroma político e ideológico.

De hecho, la ZBE, tal como establece el decreto ley de finales de 2022, es el requerimiento mínimo en la senda hacia un aire más respirable. Se pide a las ciudades "medidas de mitigación que reduzcan las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo, al menos, entre otras, el establecimiento de zonas de bajas emisiones". Todo, reza el mismo documento, con el objetivo de "reducir el uso del vehículo privado un 35% en entornos urbanos" antes de 2030, y que los desplazamientos en coche entre municipios caigan también un 1,5% anual.

El Ministerio de Transportes ha concedido cerca de 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a unos 200 municipios de todo el Estado para que apliquen políticas de movilidad sostenible. Renovación de autobuses, sistemas de 'sharing', carriles bici y zonas de bajas emisiones. La lista de proyectos es larga, y el dinero iba condicionado a un proyecto concreto que cada consistorio presentó para acceder al dinero. En el caso de Badalona, fue Albiol –en su etapa de alcalde desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2021– quien solicitó el montante europeo para que Badalona respirara mejor.

En un pleno de noviembre de 2022, en la aprobación inicial de la ordenanza de la ZBE que en ese caso sí votó a favor, se quejó amargamente de que el Gobierno de Guijarro no cumpliera plazos, lo que podía comportar una sanción económica: "<strong>La ciudad está en manos de unos auténticos incompetentes</strong> que no solo han sido incapaces de conseguir nuevas inversiones, sino que ni siquiera son capaces de gestionar las que ya dejamos trabajadas y aprobadas".

Ahora es su decisión de aplazar la ZBE la que pone en peligro todo el dinero: 2,5 millones de euros. Así se lo recordó el martes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que amenazó al alcalde de Badalona con un <strong>contencioso-administrativo</strong> que podría derivar en una devolución de la subvención, amén de lo que estipule un juez ante el incumplimiento de la ley de cambio climático, cosa que, sin embargo, podría abrir un melón ante otros municipios que tampoco cumplen (pero sin tanto ruido y con mayor predisposición). Sin embargo, escaso recorrido podría tener el pleito si la propia ley no contempla castigo alguno.

Para que quede claro, el ministerio, según avanzó el miércoles El País, ha mandado una carta a las ciudades agraciadas con fondos Next Generation recordándoles la obligación de llevar a cabo los proyectos que presentaron para acceder a dicha subvención. Europa, por ahora, no se ha posicionado.

El alcalde Albiol pasará también por encima de las votaciones de la AMB, de la que forma parte Badalona, favorables a las zonas de bajas emisiones, y de lo establecido por el Govern en marzo de 2022 en el marco de la cumbre catalana por la calidad del aire, en la que se acordó que, antes de 2025, todos los municipios de más de 20.000 habitantes deberán tener las ZBE a pleno rendimiento. En el caso de la Generalitat, sin embargo, por el momento no hay marco normativo que permita perseguir a los incumplidores. Aquello fue un mero acuerdo político. Un brindis compartido pero no vinculante.

En esa cita, celebrada el 18 de marzo de 2022, con la Badalona de Guijarro como uno de los firmantes del documento final, se planteó el objetivo de reducir un mínimo del 15% las emisiones contaminantes para 2025, dos años antes de que Badalona, o eso es lo que plantea Albiol, empiece a multar a los coches más sucios. El acuerdo establecía subvenciones por valor de seis millones de euros a los municipios que empezaran a impulsar la movilidad sostenible. El Departament d'Acció Climàtica, sin embargo, señala a EL PERIÓDICO que Badalona no ha solicitado ni un céntimo de esa partida. Así las cosas, el problema de Albiol es con España, no con Catalunya.