Un juez investiga por fraude a Hacienda a la empresa que vendió mascarillas a la Generalitat

La empresa Basic Devices era una empresa desconocida y, a pesar de ello, facturó a la Generalitat de Catalunya en marzo de 2020, en plena pandemia del covid, 35 millones de euros (iva incluido) al Institut Català de la Salut (ICS) por la venta de mascarillas, vestimenta de protección, respiradores y otro material para la lucha contra el coronavirus. Un juzgado de Vilafranca del Penedès, a raíz de una querella presentada por la fiscalía, ha abierto una investigación contra el administrador de esta compañía, José María Parellada, y su hijo por presuntamente haber defraudado a Hacienda 255.550 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La fiscalía presenta una querella contra el administrador de Basic Devices que cobró 35 millones del ICS por material contra el covid Entre la facturación que la fiscalía detalla en su querella figura la girada el 19 de marzo de 2020 por la empresa al ICS por 28,9 millones de euros, más el iva de algo más de seis millones de euros, por el suministro de dos millones de mascarillas quirúrgicas, dos millones más de tapabocas FFPP y 1.051.281 trajes de protección. Basic Devices cobró de la Generalitat esta cantidad al día siguiente. La acusación pública añade en su escrito una factura, del mismo año, emitida al Instituto de Radiofarmacia Amplicada de Barcelona (IRAB) por 3,5 millones de euros, más 754.516 de iva, por "suministro de material no expecificado". La investigación deberá aclarar si, como sostiene la Agencia Tributaria y la fiscalía, Basic Devices no pagó los impuestos que le correspondía. Basic Devices fue constituida el 23 de mayo de 2008 con un capital de 4.000 euros y durante el ejercicio 2020 tuvo como socio mayoritario, con el 97,5% del capital, a otra sociedad, cuyos socios y administradores eran Perellada y su mujer. Las riendas de la empresa las cogió el querellado en octubre de 2014, siendo nombrado administrador único. Además, era el único autorizado para disponer en tres de las cuentas de la scoiedad y coautorizado en otras dos. Ni trabajadores, ni medios Solo cinco días después del pago millonario de la Generalitat por las mascarillas y demás equipos contra el covid, en marzo de 2020, Parellada, en representación de Basic Devices, otorgó un poder general a su hijo, que también aparece como querellado. En este sentido, la fiscalía precisa que, en 2020, los dos ostentaron la dirección de la empresa, "controlando de manera efectiva su actividad y lucrándose de la misma". La compañía, incide la acusación, no tenía trabajadores, ni medios materiales, y había estado inactiva en los años anteriores al 2020, cuando importó y comercializó el material sanitario. Su principal proveedor era una empresa china. La fiscalía subraya que "por decisión" de los querellados y con el fin de "aminorar artificialmente" el diferencial del iva de "obligado ingreso en Hacienda", en las autoliquidaciones trimestrales de este impuesto "no se reflejaron los importes contabilizados y registrados, sino otros que, en el cómputo anual, supusieron declarar un iva superior al real y liquidar únicamente 51.418 euros, una cantidad menor a la que, según la Agencia Tributaria, le correspondía. La acusación explica que para evitar que se descubrieran los descuadres no se presentó la declaración resumen anual del iva. El resultado de esas discrepancias fue que Basic Davides no ingresó a Hacienda una parte del iva devengado en las ventas que realizó al ICS y al IRAB, ascendiendo la cuota defrajudada a 255.550 euros. Tras la presentación de la querella, la empresa ha pagado esa cantidad. La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) investigó en 2022 esos contratos del ICS con Basic Devices. Este organismo concluyó que cuando la Generalitat adelantó los 35 millones de euros a la empresa "no había cobertura legal para hacerlo". En su informe destacó que la normativa especial en ese momento no preveía la posibilidad de pagos anticipados, tampoco el decreto de medidas urgentes por la pandemia. La sociedad tampoco cumplía con el requisito legal de estar inscrita como licitadora en la Seguridad Social. Ante el "riesgo tributario" la OAC comunicó esta operación a la Agencia Tributaria.

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