Las administraciones, a ciegas ante las violaciones de Badalona: "No nos hemos enterado de nada"

A veces, las cosas no ocurren por casualidad. Llevan años gestándose hasta que una chispa hace que prenda el fuego. A veces ese fuego puede ser reparador. Que todo arda, que las llamas iluminen y por fin el mundo vea. Lo ocurrido en Badalona -las violaciones grupales perpetradas por grupos de niños- responde a una realidad tan compleja como impenetrable. ¿Qué está ocurriendo? Quizás haya algo de incendio social. Barrios que llevan años de olvido político y emergencia social endémica con los niños como primeras víctimas. Los políticos, las escuelas, los servicios sociales, las redes de atención, los vecinos... no han visto venir la violencia sexual protagonizada por menores. Han ido a ciegas. En el mismo edificio del mercado de Sant Roc, en unas dependencias municipales, nació el Consorcio Badalona Sur. Un ente creado en 2006 que debía transformar los barrios más deprimidos de la ciudad, con paro endémico y absentismo escolar récord, entre otros indicadores. La idea era tener un equipo social tocando todos los palos: oportunidades infantiles, derechos de las mujeres, vivienda, atención sanitaria y red escolar. Por ejemplo, un equipo de 15 educadores se dedicaba a callejear por el barrio y saber qué se cocía. De ellos, hoy no queda ninguno. Y los dos técnicos que aún quedan en el consorcio no tienen ni idea de qué está pasando en el barrio ni a sus chavales. Del tema de las violaciones, dicen, no les ha llegado información. Un símbolo de cómo todo está fallando. Nadie sabe nada Tras años de olvido político, el Ayuntamiento de Badalona y la Generalitat pactaron su disolución hace un año. De los ocho técnicos que había en sus inicios, solo quedan dos. "Es grave que no sepamos nada de lo que ocurre en el barrio. Estamos atados aquí pasando facturas. A todo el mundo le da igual, nadie cree en este proyecto", dicen, frustrados, sus trabajadores. Un educador social y una psicóloga haciendo de economistas, que cobran sus nóminas con retraso. Hablan también de la saturación crónica de los servicios sociales. Que no dan abasto, en un barrio donde cada semana se ejecutan dos o tres desahucios. ¿Qué les pasa a los niños de estos barrios?. "¿Qué no les pasa?", responden estos educadores. Los servicios sociales tampoco conocen el alcance de la tragedia. Ni los políticos. Hasta que los Mossos hicieron públicos los datos de las violaciones grupales, nadie sabía a ciencia cierta cuántos agresores había implicados. Ni si eran todos los mismos. Ni de qué familias eran. En marzo, Servicios Sociales reabrió el expediente de cuatro niños implicados en una de las violaciones. Uno de 12 años, dos de 13 y uno de 14. Algunos ya habían cometido robos antes. A 5 de mayo, un informe de los servicios sociales imploraba una reunión de coordinación con el EMI-14 (el equipo de la Generalitat que se hace cargo de los menores delincuentes inimputables), los EAIA (los servicios que se encargan de constatar el desamparo infantil) y con la DGAIA, la dirección de atención a la infancia del Govern. "¿Dónde está la Generalitat? ¿Qué están haciendo?", se queja el concejal de Servicios Sociales, David Torrents, a punto de extinguir su mandato. "Incomparecencia parental" Los 13 menores de 14 años, inimputables por tanto, que están acusados de las agresiones sexuales, tienen un expediente abierto por el EMI-14. En el caso de tres de ellos, implicados en la primera violación, se ha hablado con ellos, sus familias y con el entorno. En el caso de los 10 restantes, aún están en trámites. De momento, se ha decidido que no hay que retirar las tutelas a los padres, aunque el Govern constata "incomparecencia parental". Estas palabras resuenan a diario en las entidades sociales del barrio que, sacando fondos de donativos, tratan de ofrecer extraescolares y ocio a los niños de la calle, a veces aún sin tener un espacio donde trabajar. "Estos barrios están en caída libre: somos el supermercado de la droga y el Màgic se ha cargado la poca red vecinal y comercial que teníamos", resume Salva Periago, responsable de La Rotllana, en la Salut Alta. "Tengo rosarios de mails avisando de los puntos de droga en el barrio", dice, harto de ver que nadie invierte, que el Estado del bienestar brilla por su ausencia y que sus niños juegan a ser adultos, gánsteres de profesión tutelados por TikTok y YouTube. Los políticos, y sus asesores, admiten a este diario que no han abordado este caso como se requería. "Ni en la prevención ni en el seguimiento: hemos ido a golpe de titular", reflexionan. Han hecho declaraciones -"algunas desafortunadas", como las referidas a la rebaja de la edad penal- y poco más. Ni una reunión de coordinación de todos los agentes implicados. La campaña electoral tampoco ayudó. Y hubo quien la utilizó para sacar votos abordando el tema desde el prisma de la seguridad. La soledad de las escuelas La comunidad educativa se da de bruces también. Profesores que no dan abasto ante la realidad que viven sus alumnos. "Todo lo que sabemos de este caso es a través de la prensa, y de hablar con los alumnos, que lo saben todo", responde el equipo directivo de uno de los centros de la zona. Los institutos y las escuelas se enteraron del primer caso tres meses después de la denuncia, cuando saltó a la prensa y el vídeo de la agresión había corrido como la pólvora. Cada vez que se publica una noticia de una nueva agresión, el equipo directivo rebusca entre los diarios las iniciales de los agresores a ver si cuadran con las de sus alumnos más conflictivos. En el centro saben lo que hay. Un caladero de niños que apenas pasan por el aula. Saben que los conflictos pasan fuera de clase. Ese no es su territorio. Seis meses después de la primera denuncia, y tres desde que el caso se hiciera público, nadie ha reunido a los docentes de la ciudad para tratar el tema. Nadie les ha planteado proyectos preventivos. Las entidades sociales tampoco están informadas. Algunas han recibido llamadas de los Servicios Sociales para que atiendan a algunos de los menores implicados. Otras, ni eso. "No sabemos qué hacer porque nadie nos ha convocado, nadie nos ha dicho nada, pero sentimos cierta responsabilidad, sentimos que debemos aportar", cuenta una entidad, que sospecha que han estado en contacto con los agresores y sus padres. En Badalona había una Taula per la Infància que tampoco ha sido activada. Temor por el fin de las clases Las víctimas están siendo atendidas en el Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) y el Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE). Pero Teresa Prados, la madre de una de las víctimas, también dice que el servicio no es lo suficientemente diligente. La agresión fue en agosto. La niña lo dijo en un centro de salud mental en diciembre. Interpusieron denuncia en febrero. Hace un mes que ha empezado a ser visitada por el SIE, servicio que depende de la Conselleria de Feminismes. "Y porque intervino el ayuntamiento", se queja la madre. Las agresiones han ocurrido a plena luz del día, pero en fin de semana. "Las escuelas somos un entorno protector y de contención. Cerramos en breve, este verano irá a más", advierte el director de un centro. Las entidades que ofrecen casales gratuitos tienen plazas limitadas. Las familias van desesperadas buscando becas. "Necesitamos espacios de ocio educativo universales y gratuitos, que estos niños tengan alternativa para no quedarse en la calle tirados", implora Periago. El informe de Servicios Sociales del ayuntamiento al que ha tenido acceso este diario es muy claro. "Valoramos que estamos ante situaciones excepcionales y que, por tanto, se requieren medidas excepcionales y probablemente no habituales, que deben permitir actuar con agilidad, rapidez y de forma transversal". Ha pasado un mes desde esta carta.

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