La T-Mobilitat se pensó en 2012 pero todo empezó a cocinarse mucho antes, en el año 2000, con la integración tarifaria dentro del ámbito de la Región Metropolitana de Barcelona. En 2014 se firmó el contrato con una unión temporal de empresas que, bajo el nombre de SocMobilitat, tenía en encargo de liderar el proyecto desde el sector privado. Todo el mundo dio por supuesto que aquel contrato millonario (70,4 millones de euros) lo incluía todo. Y aunque no era así, lo cierto es que tampoco se dijo lo contrario. La idea inicial era que el nuevo título de transporte estuviera en los bolsillos de los catalanes en 2016, momento en el que todo el transporte público de Catalunya quedaría bajo un mismo manto gestor, con tarifas que ya no irían por coronas sino por distancia recorrida. A 1 de junio de 2023, la T-Mobilitat sigue desplegándose tras incontables aplazamientos. Se midió mal, se planificó peor y la concesionaria no estuvo a la altura. Pero no solo en cuanto a los tiempos; también en lo que hace referencia a la inversión, pues a aquel primer concurso público, que ha tenido que ampliarse en cinco ocasiones con cerca de 26 millones de euros para evitar la quiebra, le han seguido otros 40 que suman ya casi 160 millones de euros.