El lobo invade los Juzgados: abiertas más de veinte batallas legales en torno a la especie

El lobo levanta pasiones e invade los juzgados. Tanto así que hay una veintena de procesos legales y cuatro investigaciones de la Guardia Civil y la fiscalía abiertas en la actualidad en España alrededor de esta emblemática y polémica especie. Hay iniciativas procesales tanto en la vía penal como en la administrativa, y las hay tanto para exigir más protección para el lobo, como para que deje de gozar del actual amparo, e incluso para volver a convertir la especie en cinegética, como ocurría hasta hace dos años en algunas comunidades autónomas. La consecuencia de todas estas batallas es que no se ha matado ningún lobo en España de manera legal desde septiembre de 2021. El futuro del lobo se decidirá en la Audiencia Nacional. Allí se cuentan ahora mismo diez contenciosos que habrán de ser resueltos en los próximos meses. Cuatro de ellos han sido presentados por las comunidades del Noroeste –Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León– y persiguen la misma sentencia, que las poblaciones loberas al norte del río Duero dejen de estar incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre). Lo están desde septiembre de 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica decidió unificar el grado de protección de la especie en toda España. Antes gozaba de amparo estricto solo al sur del Duero. La decisión del departamento que capitanea Teresa Ribera tiene su origen en una petición de la Asociación para la Conservación y Estudio del lobo Ibérico (Ascel), basada a su vez en la determinación de la Comisión Europea de proteger a la especie en toda la península, tras calificar su situación como "desfavorable", considerando necesario que vuelva a ocupar los territorios en los que ha dejado de estar, principalmente en el sur y el este de España, y Portugal. Las autoridades europeas valoran la situación de la especie de forma global, y no por separado en cada territorio. La orden ministerial por la que se incluyó al lobo en el Lespre ha recibido también recursos por parte de ganaderos, cazadores, sindicatos y el Ayuntamiento de Ponga, todos ellos en el mismo sentido que los presentados por los gobiernos del Noroeste, que consideran que la decisión de Transición Ecológica invadió competencias autonómicas. Según todos estos recurrentes, la situación del lobo en el Noroeste sería "favorable", dado que cada vez hay más ejemplares. Pero hay también un recurso en la Audiencia en sentido justamente contrario, el que ha presentado la ecologista Ascel, al considerar que la protección aprobada por el Ministerio es insuficiente. Este colectivo, a la vista de los informes de la Comisión Europea, había solicitado que el lobo fuera incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, lo que hubiera supuesto una protección aún mayor que la actual, y solo de manera subsidiaria, que fuera añadido al Lespre. Su intención es ahora, por lo tanto, elevar el grado de protección de la especie para garantizar su supervivencia y posibilitar que vuelva a establecerse en los territorios que ocupaba históricamente. En Asturias, mientras tanto, están abiertas siete investigaciones relacionadas con el lobo. Las iniciativas por la vía penal se corresponden, en un caso, con la aparición en Vegadeo de seis lobos muertos, un hecho denunciado por un veterinario que, de momento, está en una situación de "impasse". El otro caso penal es la denuncia presentada por Ascel contra un alto cargo del Gobierno del Principado por haber firmado una orden relacionada con la eliminación de un lobo en el parque nacional de los Picos de Europa, sin contar con un documento indispensable del Ministerio. En la vía del contencioso administrativo está en marcha un pleito de Ascel contra el programa del lobo del Principado 22-23, que autorizaba la eliminación cada año de hasta 28 ejemplares, el 9% de los que se estima que hay en la comunidad autónoma. Según Ascel, esto es un "cupo encubierto", algo taxativamente prohibido por la normativa española. También hay otro contencioso contra la orden que autoriza matar un lobo en el parque de los Picos. Además, se están investigando en Asturias la aparición de un ejemplar de lobo muerto en los Picos de Europa, la colocación hace unas semanas de dos cabezas de esta especie junto a la entrada del Ayuntamiento de Ponga justo antes de la visita del presidente del Principado, Adrián Barbón, el envenenamiento de una perra en el parque natural de Ponga (Reserva de la Biosfera), supuestamente por culpa de una sustancia colocada para eliminar lobos, y la colocación presuntamente ilegal de cepos para capturar ejemplares en el Occidente. En Cantabria hay varios contenciosos en marcha. Entre ellos, tres contra las primeras resoluciones del Gobierno de Miguel Ángel Revilla de 2022 que proponían eliminar hasta diez lobos en la región; y otros tres contra las posteriores resoluciones ejecutivas para abatir a tres ejemplares. En este último caso, además, los jueces aceptaron la triple petición de medidas cautelares solicitada por Ascel, lo que implica que a día de hoy no se pueden matar lobos en Cantabria. Antes de la orden ministerial era posible hacerlo, tanto en controles de población como en cacerías. Por la vía penal, hay una denuncia en la Fiscalía de Cantabria contra dos altos cargos del gobierno autonómico por un presunto delito ambiental. Anteriormente se habían unificado dos iniciativas, una de Adena y otra de Ascel, y fueron archivadas porque la primera hablaba e "delito ambiental". La denuncia de Ascel señalaba únicamente como presunto delito el de prevaricación, dado que no se había matado ningún lobo, pero sí se dictaron resoluciones sin la información que debe aportar obligatoriamente el Ministerio. Por esta razón, este colectivo ha presentado una querella criminal contra esos dos mismos altos cargos. En Castilla y León, el Gobierno autonómico está siguiendo una estrategia radicalmente diferente a las de Cantabria y Asturias: no ha dictado resolución alguna que contravenga la orden ministerial que protege al lobo en toda España. Anteriormente, el Ejecutivo regional había perdido la batalla judicial en torno a una nueva Ley de Caza (el lobo estaba catalogado como especie cinegética). En este último caso la denuncia partió del Gobierno de España, al considerar que la norma regional invadía sus competencias. El Estado ganó aquella batalla en el Tribunal Constitucional, que determinó que el lobo no es una especie "cazable", que la biodiversidad prima sobre la caza y que las comunidades autónomas pueden proteger más que lo que dictan las leyes nacionales, pero nunca menos. En Galicia, finalmente, no hay actualmente ninguna acción procesal o investigadora en marcha en torno al lobo.

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